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El Estado Mexicano y su Debilitamiento en el Periodo Neoliberal
Víctor M. Soria Agosto 2014
Esta es la primera de cuatro Notas las cuales forman un conjunto que examina el Estado mexicano y las instituciones que le han dado contenido y que han conformado sus regímenes político y económico. Se inicia la Nota con la presentación de un marco teórico sobre la naturaleza del Estado capitalista, continua en una segunda sección con el análisis de la naturaleza y características del Estado de la Revolución mexicana y finaliza en la tercera sección con el análisis de los principales factores que han contribuido a su debilitamiento y a su pérdida de legitimidad y de soberanía. Las notas de pie se muestran al final.
1.1 La naturaleza del Estado capitalista(1)
Una de las definiciones generales más conocida y aceptada del Estado es la de Max Weber, quien lo considera como una relación social “fetichizada” de apropiación-expropiación de los medios de coerción, lo cual de acuerdo con Wim Blockmans permite definir “la categoría general de Estado que tiende al control de los medios de violencia física” (citado por Théret 1992: 37). Sin embargo, como apunta Peter Burnham (1992: 7) al analizar la abstracción general de “estatalidad”, referida a los medios de coacción para gobernar, estos van más allá del uso legítimo de la fuerza física enfatizado por Weber, como se verá más adelante(2).
Desde el punto de vista histórico, el Estado es generalizable si se considera que su existencia se funda sobre la propiedad de los recursos naturales de su territorio, pero más que la tierra, el recurso esencial lo constituye la población(3). Sin embargo, aunque la generalización del capitalismo y del Estado territorial moderno, tienen como condición necesaria la aparición del mercado y la monopolización correlativa de la violencia física, esto no constituye una condición suficiente. A este respecto, no habría que olvidar la existencia de la pequeña propiedad mercantil, la cual perdura hasta nuestros días (B. Théret 1992: 55).
Ahora bien, dentro de la literatura marxista clásica acerca del Estado se pueden identificar dos tradiciones relevantes: la del Estado como “instrumento de dominación del capital” propuesta por Lenin en El Estado y la revolución, y aquella de un “Estado regulador”, avanzada por Marx y Engels.(4) Estos enfoques crearon no sólo la necesidad de encon¬trar una articulación de las dos propuestas teóricas, sino también de sustanciar el análisis del fenómeno estatal en la realidad. Afortunadamente tales necesidades han sido llenadas, en buena medida, por la noción de hegemonía y el análisis político desar¬rollados por Gramsci(5).
La noción gramsciana de hegemonía se refiere al “liderazgo polí¬tico, intelectual y moral de un grupo social sobre la sociedad entera como contenido ético del Estado”(6). El concepto de hegemonía es vinculado por Gramsci al de Estado al conceptuar a este último como “todo el complejo de actividades prácticas y teóricas con las cuales la clase dirigente no sólo justifica y mantiene su dominio, sino también logra el consenso activo de los gobernados”(7). “El Estado, según Gramsci, es el instrumento para adecuar la sociedad civil a la estructura económica”(8) y, sobre todo, para mostrar que la hegemonía es ejercida sobre la sociedad civil.
El análisis en términos de hegemonía, de acuerdo con Lipietz (1986: 6) permite reconciliar concretamente las dos tradiciones marxistas acerca del Estado y, a la vez, enriquece la visión institucionalista de la teoría de la regulación(9). Así, la hegemonía puede verse como un sistema ideológico-institucional-hegemónico, el cual hace factible considerar al Estado como un compromiso institucionali¬zado (André y Delorme 1983), o sea, el dispositivo institucional del Estado. Para Lipietz (citado por Breton y Levasseur 1990: 76); el Estado “es la forma arquetípica de toda regulación, ya que es a este nivel que se regula la lucha de clases (…) Son las formas institucionales(10) (FI) donde se condensa el compromiso sin el cual los diferentes grupos que componen la comunidad nacional, se consumirían en una lucha sin fin. Sin embargo, los enfoques regulacionistas de acuerdo con Théret (1992: 42), al proponer una concepción del Estado como producto de clases sociales constituidas sobre la base de relaciones estrictamente económicas, no permite encontrar su lugar en la constitución misma de las clases. Al colocar al Estado en la superestructura institucional, el enfoque olvida tomar en cuenta su materialidad y sus propias bases económicas.
Un enfoque importante analizado por Théret (1992: 42), considera al Estado como inmanente a la relación salarial (la relación capital-trabajo) y lo considera “al lado del capital y en su autonomía relativa de éste” como la otra cara de una misma relación social (Drugman 1984: 63, citado por Théret, op. cit.). Se parte del Estado para definir el salariado lo cual permite teóricamente llevar a puerto las implicaciones lógicas del a priori consistente en colocar al Estado como relación social. No obstante, esta teoría encierra al Estado en el salariado, sin que las consecuencias de este encerramiento estén elucidadas, e impide la posibilidad de una teoría general del Estado, en la que este pueda ser una forma de relación social común a diferentes sociedades de clase (Théret 1992: 46-47). Para complementarlo, es esencial incluir la existencia de toda una economía de la reproducción, la economía de las prácticas de dominación sobre los cuerpos y los espíritus, conceptualizable en términos de relación social, con leyes propias que no sean funcionales a priori a las leyes de producción mercantil, aun si estas pueden surgir de mecanismos comunes y deban articularse so pena de crisis de la reproducción de conjunto (Ibid.: 48).
De acuerdo con Breton y Levasseur (1990: 79), el proceso sin fin por el cual toda sociedad se instituye y se transforma, toma la forma de un doble movimiento de producción: la producción de cosas y la producción de seres humanos. Esta última implica lo que Marx y Engels llamaban “la producción de la vida”, y que Foucault (1961, 1975, 1976) denomina “la producción de la especie biológica”. La producción de seres humanos o producción “antroponímica”, constituye un dominio en el que los mecanismos de mercado muestran evidentes lagunas, ya que es un dominio compuesto de redes con participación familiar y de solidaridad comunitaria e intergeneracional, de dispositivos de asistencia y control social, de equipos y servicios colectivos encargados de tomar a su cargo a los individuos desde su nacimiento hasta su muerte (Ibid.: 80) (…) Nada ilustra mejor esto que el Estado benefactor contemporáneo(11).
Los fundamentos del orden social levantan la necesidad de un principio general de cohesión social, o sea el principio de soberanía, cuyo depositario es el Estado. Una manera de organizar las relaciones entre el Estado (encarnación de la soberanía), la sociedad y los individuos, grupos y clases, es la democracia (Ibid.:83). Esta constituye un principio de regulación social que comprende un cierto número de formas institucionales (FI) de carácter político: libertades individuales y colectivas, igualdad, participación popular, principio de mayoría, competencia abierta para la conquista del ejercicio del poder estatal, subordinación de éste a la ley y al principio de representación, entre otras (Ibid.).
El análisis del Estado, sin embargo, no se puede constreñir a un Estado-nación, ya que a nivel global el capitalismo está constituido como un sistema mundial de Estados aunque estos tomen la forma de Estados-nación, es decir, el Estado existe sólo como una multiplicidad de Estados. No obstante, el mundo no es una agregación de Estados nacionales, capitalismos nacionales o sociedades nacionales, sino más bien un mundo descompuesto por la existencia fracturada de lo político en múltiples unidades aparentemente autónomas. Existe una lucha competitiva entre los Estados nacionales, la cual no es una lucha entre capitales nacionales, sino una lucha entre Estados para atraer o retener una parte del capital mundial así como una parte de la plusvalía global(12) (Holloway 1996: 359-366). La lucha competitiva entre los Estados nacionales incluye tanto a los países periféricos como a los países centrales.
A pesar de que los Estados nacionales capitalistas modernos se desarrollaron bajo el principio de la territorialidad de jurisdicción, no se pueden considerar como independientes y soberanos absolutos, sino que pertenecen a un sistema global que les impone límites a través de la acumulación de capital a nivel global. Este sistema global, el mercado mundial, está estructurado por diversos modos de regulación nacionales, los cuales requieren de regulaciones interestatales y supraestatales para garantizar un flujo relativamente estable de mercancías, de capital y de dinero (J. Mistral citado por J. Hirsch 1992: 10).
En cuanto a los países subdesarrollados, la naturaleza clasista del Estado se deriva de su inserción en la economía mundial constituida la que ha condicionado sus funciones, las cuales han estado centradas más en la producción y reproducción del capital a nivel internacional, que en la reproducción de la fuerza de trabajo (P. Salama y G. Mathías 1986). Las leyes de la acumulación capitalista, situadas a nivel de la economía mundial, son transmitidas por ésta de manera mediatizada a la periferia, con efectos diferentes sobre esta última y sobre el centro (13). No obstante, el Estado de la periferia no es un instrumento de un Estado del centro. El régimen político –como forma del Estado- posee, por lo tanto, una autonomía relativa mayor o menor respecto del centro y respecto de su propia formación social (Ibid.: 43).
De acuerdo con la exposición hasta aquí realizada, a manera de resumen retomemos algunos de los conceptos más importantes para los propósitos de este capítulo. El Estado constituye una relación social contradictoria y es la encarnación de la soberanía de un país, la cual ejerce a través del monopolio de la violencia legal así como de otros mecanismos creadores de consenso. Los hombres y la tierra constituyen los recursos naturales fundamentales del Estado, en tanto fuerzas productivas, sobre todo los primeros, los cuales conforman los diversos ordenes y clases sociales, y la segunda es sobre la cual se extiende territorialmente la soberanía estatal. Una de las funciones primarias del Estado es la regulación del antagonismo fundamental entre las clases sociales de la sociedad capitalista, la cual ejerce conservando una autonomía relativa frente a éstas. El Estado asegura y traduce la hegemonía implementada por el “bloque en el poder” (el grupo dirigente de la clase fundamental y clases aliadas) sobre las clases dominadas. Así, la hegemonía como sistema ideológico se plasma en compromisos institucionalizados para formar una voluntad colectiva, que hace posible la sujeción de las clase subalternas mientras no llegue una crisis que haga estallar las contradicciones clasistas. Las formas institucionales, tanto las de orden político como las de orden económico, condensan los compromisos sociales los cuales norman las relaciones políticas (entre los hombres) y las económicas (entre hombres y cosas), estableciendo una regulación colectiva que evita que la sociedad se consuma en una lucha destructiva. Cuando se desequilibran las relaciones sociales y la regulación de conjunto, sobreviene la crisis con la cual resurge la lucha de clases.
A partir de la segunda posguerra se desarrolla el Estado del bienestar, al que algunos regulacionistas denominan más específicamente “Estado del trabajo” o “Estado social” en vista del desarrollo de una relación salarial virtuosa que impulsó un crecimiento económico y un nivel de vida sin precedentes en los países occidentales. Con la globalización y el advenimiento del paradigma neoliberal, la relación salarial se ha flexibilizado tanto por el lado del salario directo como del salario social (indirecto) proveído este último por las instituciones de protección social. Se ha establecido una regulación financiera de austeridad y especulación, depredadora de la relación salarial y generadora de estancamiento económico y empobrecimiento en la etapa neoliberal, como se examinará en una nota posterior. Además, en la etapa neoliberal, el Estado-nación se encuentra inmerso en una competencia abierta con otros Estados-nación para atraer la inversión internacional, lo cual ha aumentado su vulnerabilidad frente a la movilidad del capital global, reforzando la regulación financiera de austeridad y empobrecimiento.
En la siguiente sección se examina la naturaleza y características del Estado mexicano, el cual ha sido calificado por Octavio Paz como un “Ogro Filantrópico”, ya que estableció compromisos institucionalizados (los pactos de la posrevolución) no sólo con la clase capitalista sino también con la clase trabajadora, que permitió establecer un Estado del bienestar periférico (incompleto), pero benéfico para una parte del salariado y con grandes beneficios al empresariado a través del patrimonialismo heredado del Estado colonial.
1.2 La naturaleza y características del Estado mexicano de la Revolución
Octavio Paz realiza una certera caracterización del Estado mexicano en su célebre ensayo El Ogro Filantrópico, publicado en la revista Vuelta en marzo de 1978. Para comenzar, Paz plantea en un contexto general, que “el Estado del siglo XX se ha revelado como una fuerza más poderosa que las de los antiguos imperios y como un amo más terrible que los viejos tiranos y déspotas (…) El Estado moderno es una máquina pero es una máquina que se reproduce sin cesar” (Obras completas, FCE, tomo 8: 336). Paz continúa con el Estado latinoamericano, el que “por una parte, es el heredero del régimen patrimonial español y, por la otra, es la palanca de la modernización” (Ibid.: 337). El Estado mexicano además de heredar el patrimonialismo español, también “ha sido el agente cardinal de la modernización –pero-, el mismo no ha logrado modernizarse enteramente” (Ibid.: 342). El Estado revolucionario no sólo impulsó el desarrollo capitalista por medio de privilegios, estímulos, créditos y una legislación adecuada, sino también favoreció a las organizaciones obreras y campesinas (Ibid.: 339).
El Estado posrevolucionario mexicano, continúa Paz, “no contento con impulsar y, en cierto sentido, modelar a su imagen al sector capitalista y al obrero (…) completó su evolución con la creación de dos burocracias paralelas. La primera está compuesta por administradores y tecnócratas (…) heredera histórica de la burocracia novohispana y de la porfirista. Es la mente y el brazo de la modernización. La segunda está formada por profesionales de la política y es la que dirige (…) al PRI” ( Ibid.: 339). Estas dos burocracias comparten la dominación del país con “el capitalismo privado y las burocracias obreras” (…). “Además, hay otro sector, cada vez más influyente e independiente: la clase media y sus voceros, los estudiantes y los intelectuales” cuya función es la “ideología” (Ibid.: 340). Paz identifica una enorme contradicción entre la “burocracia profesional” modernizadora, y la “sociedad cortesana” formada por “los amigos, los familiares y los favoritos del presidente en turno y con los amigos, los familiares y favoritos de sus ministros” (Ibid.: 343). La presencia de la moral patrimonialista cortesana lleva tanto a la corrupción como a impedir el avance de la modernidad (Ibd.: 349)
Sin embargo, es necesario ir más allá de la contradicción entre la burocracia modernizadora y la sociedad cortesana de que nos habla Paz, ya que la formación social mexicana como formación social capitalista, no está exenta de la contradicción entre las clases sociales. El Estado mexicano “tradicional”, resultante del proceso histórico posrevolucionario ha sido una extraña mezcla de características que lo dotaban tanto de una fuerte estabilidad política y social como de una contradicción irremediable entre la base de su legitimación política y un proyecto capitalista de desarrollo (Vázquez 2007: 42). Las características sobresalientes de dicho Estado son el centralismo y el autoritarismo conjugados con el populismo y una serie de valores nacionales (provenientes, según Paz, de la cultura y la identidad enmascarada de los mexicanos) que son afines a la intervención estatal en la vida económica y social del país (Vázquez op. cit.). El autoritarismo mexicano se expresa en el “presidencialismo, el partido cuasi único (el PRI) y el corporativismo, la triada que caracterizó al Estado posrevolucionario y que funcionó como cuerpo institucionalizado dentro del cual se produjeron los cambios propios del tránsito de una sociedad agraria a una urbana y a un espectacular crecimiento sostenido” (Ávalos 2009: 15).
La regulación del antagonismo entre las clases sociales fue realizada por el Estado posrevolucionario por medio de un presidencialismo fuerte cuyas facultades legales se remontan a la reforma constitucional de 1874, las cuales fueron ampliadas durante la dictadura de Porfirio Díaz, y confirmadas y aumentadas por la Constitución de 1917. Con la pacificación de país y la pérdida de poder de los caudillos locales, la presidencia se consolida en los años 1930, y durante el gobierno de Lázaro Cárdenas se establece la jerarquía presidencial formal sobre cualquier otro liderazgo formal o informal. Además, la institución presidencial fue adquiriendo una serie de facultades extralegales de tipo político que le permitieron influir en el nombramiento de candidatos del PRI a puestos de elección ciudadana(14). La hegemonía política y económica se ejerció a través del “bloque en el poder” una coalición denominada la familia revolucionaria cuya cabeza era el presidente de México, y estaba conformada por los expresidentes, los líderes militares, los grandes jerarcas de las centrales obreras y campesinas, los dirigentes del partido oficial, así como los representantes de la oligarquía empresarial (V.M. Soria 2000: 83). El partido de Estado (PNR, PRM, PRI), constituyó el centro formal de la alianza entre los dirigentes políticos y los dirigentes sindicales, instrumento de incorporación y encuadramiento de las masas populares, aparato ideológico y órgano electoral, el cual subordinó ampliamente los sindicatos campesinos y obreros (Luis Garrido 1986: 463, citado por Soria op.cit.).
La ideología revolucionaria fungió como elemento de unidad y de identidad nacional, desplegada no sólo en los actos de gobierno y festividades nacionales, sino también por los medios masivos de comunicación, y aun por el sistema educativo que se valió de los libros gratuitos de texto oficiales. La hegemonía, apoyada por la ideología revolucionaria, se ejerció por medio del corporativismo sindical como correa de transmisión de las políticas económicas y sociales elaboradas por la familia revolucionaria y puestas en práctica por el partido de Estado. El clientelismo y las prácticas cortesanas –de las que habla Paz- fueron importantes para establecer el consenso con la oligarquía empresarial (V.M. Soria 2000, op. cit.). El patrimonialismo, el compadrazgo, las influencias personales y las relaciones de tutelaje las cuales han sobrevivido hasta el México actual, también explican el modus operandi de las clases dirigentes (Santillana 2014: 3).
No hay que olvidar que el Estado posrevolucionario mexicano no desarrolló la fuerza suficiente para ejercer la soberanía de manera plena, ya que ha sufrido de cierto grado de dependencia respecto a otros países especialmente de Estados Unidos. En la etapa de industrialización del país (1934-1980) la dependencia fue principalmente de carácter tecnológico y financiero. La protección externa que estableció el gobierno mexicano no fue aprovechada por los empresarios nacionales para desarrollar una tecnología propia, pero si por las empresas transnacionales que se apoderaron de los mercados internos más rentables. La crisis de 1976 desembocó en la entrada del FMI cuya política disminuyó drásticamente los grados de libertad del gobierno mexicano. El boom petrolero a partir de 1977 fue dilapidado por el gobierno de López Portillo, que en lugar de apoyar a la inversión productiva terminó con un enorme endeudamiento externo. La crisis de 1982 y la política de ajuste económico y cambio del modelo de crecimiento hacia afuera que le siguió, llevó a la desindustrialización del país, al estancamiento del mercado interno que antes fue palanca de crecimiento, al desempleo y al aumento de la deuda externa. Con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994, aumentó no sólo la dependencia tecnológica y financiera, sino también la dependencia de los mercados de Estados Unidos y empieza una etapa preocupante de incremento de la dependencia política frente a dicho país.
1.3 El debilitamiento del Estado mexicano en la etapa neoliberal (1983-2014)
Con el advenimiento de la globalización y la promoción por los países centrales de las políticas neoliberales sintetizadas en el Consenso de Washington, el impacto negativo de éstas pronto se extendió a los países periféricos. Entre las normas impuestas por la ideología neoliberal sobresale el adelgazamiento del Estado, al que se le ha prohibido su intervención en la regulación económica, la cual se ha dejado mayormente en manos del mercado. También se le ha obligado a deshacerse de sus empresas públicas a través de la venta de estas al sector privado, y se ha extendido inexorablemente la privatización de servicios públicos y/o de sus órganos auxiliares mediante la subcontratación con empresas privadas, o en casos extremos hasta llegar en algunos países a la privatización de las cárceles. Además se han establecido leyes que patrocinan la independencia del banco central, dejando inermes a las autoridades económicas para implementar políticas de ajuste de la economía a las variaciones del ciclo económico. La radical liberalización económica y la desregulación financiera beneficiaron al capital financiero cuyo despliegue global ha adquirido un carácter especulativo que ha sumido en agudas crisis (como la de 2008-2009), tanto a países centrales como periféricos. La dilatada crisis de la Unión Europea muestra la dogmática ideología neoliberal que ha dado lugar a políticas no sólo irracionales, sino hasta criminales que han devastado a los endeudados países periféricos de la Unión.
El advenimiento del neoliberalismo en México, comienza con las crisis estructurales de 1976 y 1982, las cuales facilitaron la adopción de un nuevo modelo internacional de acumulación del capital, el que a su vez, debilitó las bases económicas de un régimen político autoritario y corrupto que aceleraron su descomposición, dando lugar a una desestabilización del control social ejercido por el partido oficial y por la conducción autoritaria de la institución del presidencialismo, que en turno forzaron una serie de reformas políticas parciales bautizada como “transición a la democracia”, las cuales finalmente desembocaron en una democratización incompleta del régimen político mexicano.
1.3.1 La fallida transición a la democracia en la etapa neoliberal
La demanda de democratización se remonta al movimiento estudiantil de 1968, el cual fue reprimido con lujo de violencia por el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. No fue sino hasta las explosiones de la crisis estructural en 1976 y 1982 que la base material de la gobernabilidad autoritaria del régimen político priista comienza a desestabilizarse a raíz del drástico ajuste económico, el comienzo de los topes salariales impuestos por el FMI, y la implantación por parte de los tecnócratas neoliberales del nuevo modelo de acumulación económica basado en las exportaciones.
Sin embargo, la preparación de los cuadros dirigentes de economistas liberales que implantarían el nuevo modelo económico, comienza desde mediados de los años 1960, muchos de ellos egresados del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), que han realizado estudios de posgrado en universidades de Estados Unidos (15). La crisis de 1982 y el embate neoliberal contra el Estado, apoyaron el descrédito de los técnicos y los políticos nacionalistas-desarrollistas y el ascenso de los nuevos “Money Doctors” como los denomina Sarah Babb (2005). A esto se suma el Banco de México(16), institución que tradicionalmente ha sido un semillero del liberalismo financiero, por lo que los cuadros estaban listos para asumir la dirección de la política económica del país y dar un golpe de timón en 1983.
La creciente efervescencia política atizada por las reivindicaciones y reclamos de las organizaciones ciudadanas, tuvo su punto culminante con el fraude en las elecciones presidenciales de 1988 que despojó de su triunfo a Cuauhtemoc Cárdenas, candidato de la coalición de partidos de izquierda. La imposición de Carlos Salinas de Gortari (CSG) como presidente de México originó el reclamo de la ciudadanía y de los partidos de oposición y llevó al partido oficial (el PRI) a una crisis interna. Como respuesta a esta crisis el presidente ilegítimo reabrió el debate sobre la democratización del partido y del régimen político y, simultáneamente, cortejó al PAN para que apoyara su legitimación. CSG logró cooptar a este partido, cuya dirigencia desechó los principios demócrata-cristianos de base, cambiándolos por la ideología neoliberal-empresarial y la exigencia de acceso al poder político que por décadas le había sido negado.
Con el apoyo al PRI por parte de la bancada panista en el Congreso, el gobierno de CSG realizó importantes modificaciones a los artículos 3, 5, 24, 27, 28 y 130 de la Constitución que allanaron el camino al “proyecto modernizador” neoliberal. En realidad, como lo percibieron muchos analistas políticos mexicanos, el acuerdo entre el PRI y el PAN se da irrefutablemente en torno a un proyecto económico común (Vázquez 2007: 122-123). De manera similar, las enmiendas constitucionales de 1993 y 1994, relativas a los procesos electorales, institucionalizan el bipartidismo PRI-PAN, adquirido de facto, neutralizando legislativamente a un PRD que se muestra crítico del régimen político mexicano (Ibid). La democratización política continuó en 1996 con la terminación del control gubernamental en el proceso de organización de las elecciones federales, siguió con reformas electorales en 2003 y 2005, así como en 2007-2008 y en 2011, prolongándose con la reforma política en 2013-2014(17) que crea el Instituto Nacional Electoral (INE), con atribuciones centralizadoras, el cual sustituye al Instituto Federal Electoral (IFE), éste último sin atribuciones en las elecciones locales.
Los avances y retrocesos de la incipiente democracia mexicana, se explican, entre otros factores, por la estrategia del gobierno en turno hacia la oposición política de derecha e izquierda (Crespo 2012) y por la calidad democrática de los partidos y actores políticos (Méndez 2012). Así, mientras Miguel De la Madrid (1982-1988) dio reversa a la política de apertura de José López Portillo (1976-1982), Carlos Salinas (1982-1994) ejerció una estrategia dual hacia la oposición, de apertura al PAN y de represión violenta al PRD, que se tradujo en una crisis política y económica al final del sexenio. Ernesto Zedillo (1994-2000) entendió la lección y abrió los canales institucionales tanto al PAN como al PRD. Vicente Fox (2000-2006) llegó con la mayor legitimidad democrática y electoral registrada en la historia, pero aplicó una apertura al PRI (a quien se le extendió una carta de impunidad buscando su cooperación para aprobar reformas económicas), y de creciente cerrazón y hostigamiento al PRD. Felipe Calderón tomó una postura frente a la oposición más parecida a la de Ernesto Zedillo que a la de Vicente Fox (Crespo 2012). Enrique Peña Nieto, quien tomó posesión de la presidencia en diciembre de 2012, ha tenido una postura de dialogo con los partidos de oposición, lo cual le permitió incorporarlos al “Pacto por México”, que a su vez, facilitó la aprobación del paquete de reformas constitucionales por el Congreso para profundizar la modernización neoliberal, aun cuando le dio prioridad a los acuerdos y posturas del PAN, las cuales coinciden en gran medida con las del PRI.
En cuanto a la actuación de los actores políticos, esta ha sido la más criticada por los analistas políticos. A este respecto, Alarcón (2012: 212-213), menciona que después de casi dos sexenios de alternancia política, los partidos están alejados de la ciudadanía y son poco democráticos; las instituciones administrativas (IFE), las jurisdiccionales (SCJN y TEPJF), y las de competencia penal (FEPADE), poseen escaso grado de integración para la debida observación de las reglas pactadas, y muestran una subordinación de los funcionarios de dichos organismos a las presiones provenientes de los partidos, los poderes fácticos, o los titulares de los gobiernos estatales o del gobierno federal. Además, la ciudadanía muestra una escasa cultura y aprendizaje democráticos, situación que les impide resistirse a las prácticas de simulación y corrupción manifestadas en las dinámicas clientelares o corporativas, o en la aceptación de “dádivas” a cambio de su asistencia a mítines de (pre)campaña o como producto de compra directa del voto. Además, las grandes empresas de TV que dominan los medios de comunicación, a pesar de los esfuerzos de acotamiento de las reformas de 2007-2008, no sólo medran con la promoción y venta de espacios publicitarios sino que también han colocado representantes de sus intereses dentro de los partidos políticos para defenderlos dentro de las comisiones internas y el pleno del IFE (Ibid.: 216)
1.3.2 Principales factores que han contribuido al debilitamiento del Estado mexicano
En el caso del Estado mexicano, su debilitamiento en la etapa neoliberal -que comienza en 1982 y continúa hasta el día de hoy, se examinan brevemente los principales factores externos e internos que han contribuido a ello. Entre los elementos que han influido por vía externa están:
1) La deuda exterior, cuyo servicio ha presentado problemas de cumplimiento en los periodos de crisis económica, dando lugar a la imposición de políticas de austeridad por parte del FMI y los acreedores internacionales, como ha sucedido desde 1976, en que se aplicó especialmente un tope salarial que perdura hasta la fecha, perdiendo grados de libertad el Estado mexicano para decidir su política económica. Con la apertura financiera, la inversión extranjera indirecta (o inversión de cartera) cuyo carácter es mayormente especulativo, se ha volcado a la Bolsa de Valores pero principalmente a la deuda interna gubernamental, lo cual presenta riesgos para la economía mexicana como sucedió en la crisis de 1995 al retirar masivamente sus haberes (convertidos a dólares), poniendo en aprietos la estabilidad financiera y monetaria de México. Gran parte de esta inversión de cartera apoya el financiamiento del déficit externo promovido por el TLCAN.
2) La liberación del comercio exterior que comienza con la entrada al GATT en 1977, seguido por la radical baja de las tarifas arancelarias con Estados Unidos en la segunda mitad de los años 1980, y luego la negociación y firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte con Estados Unidos y Canadá (TLCAN) en 1994, que junto con 3) el crecimiento de la exportación de narcóticos a Estados Unidos han influido en las relaciones con ese país, propiciando el aumento de la dependencia política.
El TLCAN ha permitido la creación de un sector exportador dominado por empresas transnacionales, la mayoría de Estados Unidos, y se ha ampliado el régimen de maquiladoras que ya venía funcionando con anterioridad. El problema es que estos sectores no contribuyen a la industrialización del país, ya que la mayoría de sus insumos materiales son importados. Si bien las exportaciones han subido de manera significativa, convirtiéndose México en el principal proveedor de Estados Unidos (desplazado en los años 2000 por China), con una balanza comercial favorable a México, globalmente dicha balanza es negativa ya que se importan gran cantidad de insumos de Asia y Europa, financiandose el déficit mediante deuda. Las autoridades económicas mexicanas han perdido grados de libertad, ya que la operación de las empresas exportadoras dentro del TLCAN impone un déficit externo difícil de sostener en el largo plazo, agravado por la política del Banco de México de sobrevaluación del peso frente al dólar que favorece las importaciones. Estas políticas han llevado a México a convertirse en un país maquilador (agrega el valor de una mano de obra barata que “maquila” los insumos importados, cuyo producto final es exportado).
Por otra parte, desde el ámbito de las relaciones externas, el crecimiento del tráfico de drogas hacia los Estados Unidos, ha llevado a ese país a imponer políticas que atentan contra la soberanía del Estado mexicano, como la exigencia de combatir a los carteles mexicanos de la droga (que han desplazado a los traficantes colombianos), pero sin contribuir decididamente a detener el tráfico de armas y el lavado de dinero, lo cual ha desembocado en un dramático aumento del poder del narcotráfico y de la violencia y muertes en suelo mexicano. El gobierno estadounidense estableció el Plan Mérida (18), para poyar financieramente y con su sistema de inteligencia al gobierno mexicano, pero este Plan proporciona recursos insuficientes, impone condiciones restrictivas, además de que ha funcionado con lentitud.
Los factores internos más importantes que han carcomido el poder y la soberanía del Estado mexicano son: 1) la formación de un nuevo “bloque en el poder”; 2) el abandono del compromiso institucionalizado con las clases trabajadoras; y 3) el crecimiento del narcotráfico y del crimen organizado. Estos factores también han debilitado a la institución presidencial como se verá en una Nota posterior.
1). La formación de un nuevo “bloque en el poder” en el que el poder empresarial ha desplazado de la jefatura al presidente de la República, e influye decididamente en la política económica y social del país (19). Este bloque fue impulsado por el presidente Carlos Salinas (1988-1994), beneficiando con las privatizaciones de empresas y organismos públicos y su venta a los miembros de la “sociedad cortesana” a su alrededor. En los hechos, las privatizaciones fueron parte medular de una significativa reestructuración de la economía íntimamente asociada a la flexibilización del mercado laboral (20) a la liberalización comercial. Aun cuando estas se hicieron en nombre de la modernización y el aumento de la competitividad, el proceso fue dictado por la premisa ideológica de reducir el tamaño del Estado y sus funciones de bienestar social (Vázquez 2007: 150).
2). En este contexto, el debilitamiento del Estado en México también se explica por el abandono del compromiso institucionalizado con las clases trabajadoras, puesto que con ello pierde no sólo legitimidad sino que también queda a merced del empresariado mexicano y estadounidense y de la política del Consenso de Washington. Se han desmantelado de manera significativa las instituciones de protección social, las cuales han privatizado parte de sus servicios auxiliares, pero más importante aun, tanto el IMSS como el ISSSTE han sufrido la privatización de su sistema de pensiones. No obstante, el golpe más significativo al Estado del bienestar ha sido la imposición de topes salariales (desde la entrada de la política impuesta por el FMI en 1976), por medio del límite al aumento del salario mínimo general de acuerdo con la inflación esperada, la cual siempre resulta muy inferior a la inflación real, de manera que, por ejemplo, el Índice de Salario Medio Real de Cotización del IMSS bajó un 36.3% entre 1982 y 2008 (Samaniego 2009: 61) (21). El presupuesto del gasto en desarrollo social, a pesar de su aumento, es precario y ha sido utilizado para administrar la pobreza de la población, así como mecanismo de compra de votos en los periodos electorales por el gobierno en turno.
3) En el ámbito interno, la proliferación del narcotráfico y del crimen organizado han puesto en jaque la soberanía interna del Estado mexicano. El dominio territorial por parte de las organizaciones criminales en estados como Michoacán, Guerrero y Tamaulipas, y el incremento de la delincuencia en todo el país, sumado a su pobre desempeño económico, han llevado a algunos autores a considerar que México es un “Estado fallido”. A este respecto, Meyer (2013: 121) se pregunta: “¿en qué plano se encuentra la acumulación de elementos que componen lo fallido del México actual? ¿En el de la clase política, del gobierno, del régimen, del Estado o, de plano del proyecto nacional mismo? En realidad todo apunta a una bancarrota sistémica que, por tanto, abarca todos los niveles mencionados”. Por su parte, José Luis Solís (2012), califica a México como un “Estado narco”, “cuya manifestación externa es la de un régimen político neoliberal tecnocrático con una fuerte presencia de representantes del crimen organizado en sus distintos gobiernos, la economía y las finanzas (…) Esto ha llevado al país a altos niveles de violencia e inseguridad pública sin precedentes en la historia reciente de México, así como a la militarización del aparato de Estado, comprometido en una guerra fallida contra el narcotráfico”.

Regreso al autoritarismo priista?
A la vista del debilitamiento del Estado mexicano y de las instituciones políticas básicas así como el reto establecido por el narcotráfico y el crimen organizado, el regreso del PRI al poder en diciembre de 2012, ha estado marcado por una tendencia de la presidencia de la república hacia un nuevo autoritarismo. Tanto el gobierno federal como los estatales y municipales se encuentran rebasados por el grave problema de la inseguridad pública, la corrupción interna y el estancamiento económico, a la vez que se ven confrontados por los movimientos sociales y la constante protesta ciudadana, a lo que han reaccionado con represión, y han tratado de criminalizar las protestas y demandas ciudadanas. El presidente Enrique Peña Nieto envió al Congreso un ambicioso paquete de reformas, con el objeto de “mover a México”, las cuales contienen ciertos sesgos autoritarios. El conjunto de reformas enviadas a los legisladores se negoció en el llamado “Pacto por México”, centrado en los intereses de las grandes empresas y del capital internacional, representado especialmente por los partidos de derecha (PRI, PAN, PVEM y NA) y una parte del PRD. Las reformas constitucionales se hicieron con cierto espíritu de apertura, sin embargo, las leyes secundarias (las leyes reglamentarias) han sido realizadas y aprobadas a favor de los intereses del gran capital, de los poderes fácticos, o para darle más prerrogativas al poder ejecutivo federal. Veamos algunos ejemplos notorios del sesgo de las leyes secundarias.
La reforma educativa se ha modelado bajo la influencia de la OCDE, con la cual el gobierno mexicano firmó un acuerdo para fijar directrices al sistema educativo. Además, por detrás de la reforma están los grupos de poder interesados en participar en el presupuesto de educación que en 2013 alcanzó 260,277 millones de pesos. El énfasis en evaluar el desempeño de los maestros que se desprende de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa (INEE) y la Ley General de Educación, constituye una reforma laboral para el control del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y no una verdadera reforma educativa. La OCDE y los empresarios mexicanos, han empujado una reforma de carácter corporativo y conductista que establece objetivos productivistas y que ha partido de un diagnóstico equivocado del bajo nivel educativo de la población (Eduardo Andere (ITAM), citado por Igartúa 2013: 18). La creación del INEE, cuya autonomía y amplias funciones centralizadoras y atribuciones de supervisión y evaluación de los maestros, le dan un amplio poder, por lo que la Secretaría de Educación Pública (SEP) y las autoridades estatales han quedado al margen de sus responsabilidades educativas. La Ley de Telecomunicaciones, de acuerdo con el senador panista Javier Corral (2013), “es contraria a la reforma constitucional en varias de sus disposiciones relevantes”: no contiene la definición de servicio público, favorece al duopolio de TV, carece de objetivos, plantea una regulación engañosa en materia de publicidad, le resta atribuciones regulatorias constitucionales al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y tiene múltiples insuficiencias en materia de derechos de los usuarios y las audiencias. Corral considera inadmisible que el Ejecutivo Federal pretenda recuperar a través de la ley secundaria una serie de atribuciones que la reforma constitucional le otorgó al IFT, al cual se le trata “como una dependencia del presidente” (Villamil 2014: 29-30).
La reforma político-electoral se negoció en el seno del Consejo Rector del Pacto por México, un grupo cerrado de unos cuantos, pero que tuvo que someterse a la discusión abierta en el Senado (Javier Corral 2013). La reforma en general contiene importantes cambios constitucionales en la dirección correcta. Entre estos se encuentran: la reelección legislativa en el nivel federal, estados y municipios lo cual constituye el paso histórico más significativo; se le dan nuevas facultades al Congreso el que aprobara el Plan Nacional de Desarrollo, y el Senado en particular, la Estrategia Nacional de Seguridad. Se incorpora la figura de gobierno de coalición si el Presidente de la República opta por esta forma, con la ratificación del Congreso a todo el gobierno. Se dejó fuera, entre otras propuestas de cambio, la creación de un organismo autónomo colegiado que asumiera las facultades de la Secretaría de la Función Pública en materia de sanciones al mal desempeño de funcionarios públicos (Ibid.). La reforma electoral, es la que no colmará el objetivo esencial de emparejar el terreno de la competencia por el poder, por ejemplo, impedir la abierta intromisión de los gobernadores en procesos electorales (Corral 2013). El Instituto Nacional de Elecciones (INE) que sustituye al IFE, tiene atribuciones que pueden sobrepasar su capacidad operativa; la atracción de elecciones locales por parte del INE podría estimular el conflicto político pre-electoral entre la oposición y el gobernador del estado (Integralia 2014); el nombramiento de los consejeros electorales de los estados por el INE podría politizar a la institución, lo mismo que la remoción de consejeros de los organismos públicos locales. Las nuevas causales de nulidad de las elecciones, como el rebase de los topes de campaña de candidatos a gobernador o a presidente, pueden incrementar los conflictos políticos postelectorales. La autonomía del INE puede verse afectada por el hecho de que el nombramiento del contralor dependa de la Cámara de Diputados (Ibid.).
En cuanto a la reforma energética, cuyas leyes secundarias fueron promulgadas por el presidente EPN el 11 de agosto de 2014, estas constituyen la culminación de la estrategia de Washington para controlar las reservas y producción de hidrocarburos en América del Norte (Villamil 2014: 8). En febrero de 2012 el gobierno de Felipe Calderón firmó los Acuerdos Transfronterizos de Hidrocarburos (ATH) a través de la canciller Patricia Espinoza y su homóloga estadounidense Hillary Clinton, los cuales fueron ratificados de inmediato por el Senado de México y posteriormente, el 19 de diciembre de 2013, por el Senado de Estados Unidos, en consonancia con la aprobación de las reformas constitucionales realizadas por el Congreso mexicano (Ibid.). Estos acuerdos estipulan que el reparto de los hidrocarburos existentes sería en partes iguales, pero en el artículo tercero de la Ley de Hidrocarburos se estableció que Pemex sólo cubrirá un 20% de los yacimientos transfronterizos (Dolores Padierna citada por Andrea Becerril 2014: 5), porcentaje que no aplica a las petroleras de Estados Unidos que ya operan en aguas profundas mexicanas y que se llevan desde ahora parte del petróleo y gas que le corresponde al país (Ibid.). El gobierno de EPN de acuerdo con la “Ronda cero” dejó a Pemex la explotación en los territorios y aguas que ya tenía, y tiene preparada la “Ronda uno” para asignar parte del 80% de la explotación de yacimientos transfronterizos en el Golfo de México a empresas transnacionales.
Resumen
A manera de resumen sobre la naturaleza del Estado mexicano y su posterior debilitamiento en la etapa neoliberal se puede decir lo siguiente. El Estado posrevolucionario mexicano ha sido heredero de las burocracias novohispana y porfirista, especialmente de su régimen patrimonialista, de su centralismo y de su autoritarismo, los cuales se han ejercido a través de las instituciones políticas del presidencialismo, del partido de Estado (el PRI) y la familia revolucionaria, conformados en redes corporativas que operaron como un cuerpo institucionalizado que promovió el crecimiento económico, la urbanización, la industrialización y una modernización incompleta. El crecimiento económico ininterrumpido entre 1934 y 1981, junto con un presidencialismo fuerte y autoritario, pero con un cierto compromiso social con la clase trabajadora, coadyuvaron a la gobernabilidad y a la regulación de las contradicciones de clase. No obstante, la contradicción creciente entre la burocracia estatal profesional y la sociedad cortesana de que habla Octavio Paz, fue inclinando la balanza a favor del capital a través de la corrupción, lo que a su vez ha reafirmado la contradicción entre las clases sociales.
La crisis económica de 1976 y la rebelión del sector privado contra la política de gasto público, seguida por la crisis económica de 1982 y el aumento del conflicto público-privado por la nacionalización de la banca comercial, en un ambiente de globalización y de diseminación de las políticas del Consenso de Washington, desembocaron en un nuevo modelo de acumulación capitalista, que carcomió las bases económicas de la gobernabilidad autoritaria priista, dando lugar a una aguda crisis de bienestar y desestabilización social. La crisis política de 1988 a raíz del fraude electoral del candidato del PRI, marca el debilitamiento del Estado autoritario posrevolucionario mexicano, de la institución presidencial y del partido de Estado. La falta de legitimidad del presidente lo llevó a una alianza con el PAN, a promover un nuevo bloque de poder mediante las privatizaciones, y a profundizar el modelo neoliberal a través de la apertura económica y la firma del TLCAN, el cual entró en vigor en 1994. La descomposición del PRI y la candidatura presidencial de Luis Donaldo Colosio quien pretendió fijar derroteros democráticos al sistema político, desembocó en su asesinato y en el de otros priistas lo cual, junto con la rebelión zapatista, llevó a una crisis política y a la crisis económica a principios de 1995, a recurrir al salvamento financiero de Estados Unidos y a la pérdida de soberanía frente a ese país. La profundización del TLCAN llevó no sólo a convertir en “maquilador” al país(22), a debilitar el mercado interno y las bases del bienestar social, sino también a la exigencia de una democratización del sistema político por parte de la ciudadanía.
Los años 1990 se significaron por la apertura política y la democratización del sistema electoral, lo cual llevó a acariciar (ingenuamente) una verdadera transición a la vida democrática. Se inició la creación de un conjunto de Organismos Constitucionales Autónomos (OCA) para la promoción de la democracia y apoyo de los derechos de la ciudadanía; desafortunadamente, la mayoría de dichos organismos han sido capturados por los partidos políticos e infiltrados por el poder ejecutivo federal, como lo ejemplifica la historia del IFE, cuya dirección ciudadana funcionó de manera autónoma hasta las elecciones de julio del año 2000, y después fue presa de los partidos, del poder ejecutivo y de los poderes fácticos, sobre todo del duopolio televisivo, en las elecciones de 2006 y 2012, sumiéndolas en el descrédito.
El debilitamiento del Estado mexicano en la etapa neoliberal, se explica tanto por factores externos como internos. Entre los primeros, el endeudamiento externo, ahora canalizado en buena parte por la inversión extranjera de cartera a la Bolsa de Valores y a la deuda pública interna, ha llevado a fortalecer una política monetario-financiera favorable a los intereses externos y a la pérdida de soberanía del Estado mexicano. La operación del TLCAN ha desembocado en la hecatombe agropecuaria, la dependencia alimentaria, la emigración masiva a Estados Unidos, la desindustrialización, el condicionamiento de la política económica, a la desnacionalización de la industria energética y al debilitamiento de las bases económicas del Estado mexicano. La exportación de drogas a Estados Unidos por los cárteles mexicanos, ha propiciado una ingerencia cada vez mayor del gobierno estadounidense en la política mexicana de seguridad, a través del Plan Mérida y otros mecanismos coactivos que inciden en la soberanía mexicana. La reciente reforma del sector energético, ha seguido las directrices de Washington para apoyar su seguridad nacional, reformas en las que el Congreso mexicano no respetó el reparto equitativo estipulado en los ATH con Estados Unidos, dejando a Pemex tan sólo una quinta parte de la riqueza de los yacimientos transfronterisos del Golfo de México.
Entre los factores internos que han contribuido al debilitamiento del Estado, se encuentra el nuevo bloque en el poder, promovido por Carlos Salinas a través de las privatizaciones de empresas y organismos públicos, en el que participan alrededor de treinta potentados empresariales, el cual ha apoyado la imposición de una política neoliberal de austeridad que ha estancado la economía. Además, dicho bloque ha mediatizado la reforma de telecomunicaciones, y las reformas fiscal, energética y la político-electoral, apoyando los intereses del gran capital y el nuevo autoritarismo del gobierno de EPN y de los gobiernos priistas locales. Sin embargo, el factor más importante que ha deslegitimado al Estado mexicano es la política de flexibilización laboral que ha mermado significativamente el salario de los trabajadores, disminuido drásticamente el nivel de empleo formal y promovido la emigración a Estados Unidos. A estos factores se suma el narcotráfico y el crimen organizado, producto de la corrupción público-privada y la falta de empleo, que han llevado al Estado mexicano a ser considerado un “Estado fallido” sobre todo en los estados de la república en los que impera la violencia asesina, la extorsión, el secuestro y el cobro de impuestos por los criminales, lo cual ha obligado a la población amenazada a huir de los territorios infestados. México vive una terrible pesadilla que desafortunadamente está lejos de resolverse.
Notas de pie
(1)La conceptualización del Estado está basada, en buena parte, en V. M. Soria, “Importancia de la teoría gramsciana del Estado para el estudio de la regulación económica y política del capitalismo actual”, en J. M. Martinelli (comp.) La actualidad de Gramsci: poder, democracia y mundo moderno, UAM-I, Texto y Contexto, México, 1995, pp. 107-120.
(2)En vista de que la coerción puede tener como finalidad una lógica económica, la política como mercancía, no se reduce a la violencia física, sino que incluye los bienes materiales y simbólicos de consumo suntuario como efecto de demostración, así como otros mecanismos de coacción.
(3) La población constituye el recurso esencial para el Estado ya que paga impuestos, los cuales tienen el estatuto de una renta sobre el trabajo libre, el cual es aplicado sobre los capitalistas que utilizan la fuerza de trabajo y se apropian previamente del producto.
(4) De acuerdo con A. Lipietz (1986: 3-5), si bien Marx y Engels abordan, en La ideología alemana, la dominación de cla¬se, el énfasis está en la preexistencia histórica y conceptual de un Estado separado, regulador autónomo de la sociedad, la cual se encuentra dividida en su interior contra sí misma. Engels en “El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, apunta que este último se ubica arriba de la sociedad con la función de que “los antagonistas, las clases con intereses contrapuestos, no se consuman, junto con la sociedad, en una lucha estéril…” y en el Anti-Duhring, precisa que las relaciones de dominación vienen no solo de la subordinación de los vencidos, sino también de la dinámica de autonomización de los intereses colectivos a medida que se desarrolla la división del trabajo. El Estado aparece, así, como un vínculo entre el espacio (la preservación del terri¬torio) y la constitución de una clase explotadora.
(5)Antonio Gramsci,Cuadernos de la carcel, Edición crítica del Instituto Gramsci a cargo de V. Gerratana, Ed. ERA, México, 1984
(6) Inicialmente el concepto de hege¬monía apareció en Gramsci en 1926 en sus “Notas sobre la cuestión meridional”. Sin embargo, como apunta Chantal Mouffe (1978), todavía se encontraba en el ámbito de la concepción leninista, entendida como dirección del proletariado sobre el campesinado, es decir, la hegemonía como alianza de clases. En cambio, en los Cuadernos (Tomo 3, Cuad.6, nota 24, p. 28), Gramsci se refiere a la hegemonía no sólo como estrategia del proletariado, sino también como práctica de la clase dirigente. Además, agrega la nueva dimensión de la “dirección intelectual y moral”, lo cual es fundamental para lograr la unidad a nivel político. La hegemonía se hermana a la noción de sociedad civil. Así, la hegemonía se apoya en “la función decisiva ejercida por el grupo dirigente sobre el núcleo decisivo de actividad económica” y opera princi¬palmente en la ‘sociedad civil’ por vía de la articulación de los intereses de la clase fundamental y los de las clases aliadas para formar una voluntad colectiva, es decir, un sujeto político unificado” (Mouffe 1979: 10).
(7) Citado por J.C. Portantiero (1987), con base en Quaderni del carcere, Instituto Gramsci, Turin, 1975; Cuad.15, nota 10 p. 1765.
(8) Quaderni del carcere, Cuad.10 nota 15, p. 1253.
(9) La teoría de la regulación desarrollada por la escuela de Paris, postula que un modo de regulación es todo conjunto de procedimientos y comportamientos individuales y colectivos, que tenga la triple propiedad de: a) reproducir las relaciones sociales de producción fundamentales a través de la conjunción de formas institucionales históricamente determinadas; b) sostener y dirigir el régimen de acumulación en vigor; y c) asegurar la compatibilidad dinámica de un conjunto de decisiones descentralizadas, sin que sea necesaria la interiorización por los actores económicos de los principios de ajuste del conjunto del sistema (Boyer 1986: 54-55). Para un análisis más amplio de la teoría de la regulación Cf. Víctor M. Soria (2000)
(10)Las FI constituyen la codificación social de una o varias relaciones sociales de producción fundamentales que caracterizan el modo de producción dominante (Boyer 1986: 487). Las FI al irse conformando por la lucha de clases, emiten un principio de socialización que apoya la regulación del comportamiento contradictorio de los individuos y los grupos hacia un patrón de comportamiento colectivo. Además, las FI siguen una lógica que emana de las propias relaciones sociales, por lo que no son sólo específicas al Estado, aunque este sea el que da cohesión al conjunto de ellas (Théret 1988: 30). Como fenómeno de primer orden, las FI tienen la función simbólica de contribuir a la regulación del sistema político y del sistema económico, a través de un complejo de normas, reglas de conducta y hábitos generalmente aceptados; como fenómeno de segundo orden constituyen la institución material, la cual coadyuva a moldear el comportamiento de los sujetos dentro y fuera de ella (Montaño 1989). Foucault ve a la institución en términos más complejos, como subraya Montaño (1994): “cuando nombra a la institución lo hace tanto en cuanto a su función, como a los dispositivos disciplinarios que desarrolla y a los sujetos que moldea”.
(11)El Estado que emergió después del término de la segunda Guerra Mundial, ha sido calificado como Estado del bienestar, cuya función fundamental es la regulación “virtuosa” de la relación salarial, entendida no sólo como promotora de la reproducción económica ampliada (el desarrollo económico), sino también como encargada de la reproducción biológica de la sociedad (el desarrollo humano).
(12)La globalización capitalista ha promovido que los Estados, en tanto Estados, se sometan a la inquietud actual del capital, de manera que el dominio del dinero ha encontrado expresión en las nuevas ideologías del neoliberalismo (teoría ofertista, monetarismo, globalización, etc.), las cuales dicen de una forma u otra que el Estado se debe retirar y el mercado y el dinero deben dominar. Los patrones de dominación corporativista también están bajo presión: lo que se necesita para atraer dinero global es una nueva organización del trabajo, una nueva ‘flexibilidad’ y una nueva disciplina que es incompatible con las viejas estructuras sindicalistas, una nueva forma de ‘aprender a someterse’ (Holloway 1996: 374-375).
(13)En vista del sometimiento a las leyes de la economía mundial, los Estados-nación constituyen el lugar donde va a cristalizarse la necesidad de reproducir el capital a nivel internacional. Son el lugar por donde transitará la violencia necesaria para que dicha reproducción se realice, porque son el elemento y el medio que la hacen posible (Mathias y Salama (1986 : 44).
(14) Como señala Lorenzo Meyer (1993: 60) : de las prerrogativas metaconstitucionales del presidente, “la principal –y de la cual se derivan muchas otras- es la que le otorga el control indiscutible del partido político que gobierna a México desde su creación en 1929. De ese control casi absoluto del presidente sobre su partido se derivan, entre otras cosas, su capacidad para nombrar al sucesor, así como el control sobre la designación (y remoción) del grueso de los gobernadores de los estados, de los integrantes del congreso federal, de los presidentes de los principales municipios, etc.”.
(15)En 1962 el Instituto Tecnológico de México, fundado en 1946 por siete bancos privados y empresarios de Monterrey, cambió sus siglas a ITAM, después de que se volvió oficialmente autónomo, y luego comenzó a enviar a sus egresados a las universidades estadounidenses, sobre todo a la Universidad de Chicago (Sarah Babb 2005: 167). Los egresados del ITAM con estudios en Estados Unidos han desempeñado altos puestos públicos: entre 1982 y 2005 se encuentran tres Secretarios y un Subsecretario de Hacienda y un impresionante número de directivos del Banco de México, incluyendo el actual director de ésta institución. La captura de la presidencia de la república por los partidarios del libre cambio se dio en 1982 con Miguel de la Madrid, quien comenzó la aplicación del nuevo modelo secundario exportador y la política del consenso de Washington, la cual ha logrado continuidad con los siguientes presidentes: Carlos Salinas (1988-1994), Ernesto Zedillo (1994-2000), Vicente Fox (2000-2006) y Felipe Calderón (2006-2012), todos (excepto Fox) con estudios de posgrado en Estados Unidos (Ibid.). En cuanto a Enrique Peña Nieto (2012-2018), la política neoliberal ha adquirido mayor profundidad a través de un conjunto de reformas constitucionales y leyes secundarias, recientemente aprobadas, las cuales se estima que beneficiarán en mayor medida a las grandes empresas e irán en detrimento del nivel de bienestar de la clase trabajadora.
(16) A mediados de los años ochenta, a raíz del inicio de la apertura comercial en México se dio un enfrentamiento entre los desarrollistas de la Secretaría de Comercio y los partidarios del libre comercio del Banco de México. En 1986 el gobierno de Reagan fortaleció a los partidarios del libre comercio al anunciar que no negociaría a favor de México con los bancos internacionales a no ser que este país “implementara reformas estructurales sustanciales y llegara a un acuerdo con el FMI” (Sarah Babb 2005: 167)
(17)El recién creado Instituto Nacional Electoral, en su página web “Para saber más”, hace una síntesis de las reformas electorales de 1977 a 2008. La reforma electoral de 1977 es el punto de partida de la vida democrática, con un sello incluyente de las diversas fuerzas políticas que hasta entonces no habían sido reconocidas de manera oficial. En 1986 la reforma incluyó modificaciones a seis artículos de la Constitución, así como la promulgación del Código Federal Electoral (COFE). Se abolió el registro condicionado de partidos, el cual constituía una medida de control. En 1990 se expidió una nueva ley electoral, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), que incluye la creación del Instituto Federal Electoral (IFE) que reemplazó al COFE que dependía directamente de la Secretaría de Gobernación. Desde 1990 y hasta 2012 el IFE organizó ocho procesos federales ordinarios. En 1993 y 1994 se hicieron dos reformas intermedias acerca del financiamiento de los partidos, las nuevas reglas para reportar sus egresos, así como los gastos anuales y de campaña. En 1994 en el Consejo General, los consejeros magistrados se sustituyeron por seis consejeros ciudadanos y sus suplentes que durarían ocho años en el cargo, con posibilidad de ser ratificados y su designación estaría a cargo de las dos terceras partes de la Cámara de Diputados. La reforma de 1996 terminó con la participación y control gubernamental en el proceso de organización de las elecciones federales. En el 2003 y 2005 se realizaron reformas intermedias que consistieron en establecer con mayor claridad los requisitos para integrar un partido o Agrupación Política Nacional (APN) y fue con la reforma de 2005, que se reconoció el derecho de votar de los mexicanos residentes en el extranjero para la elección de Presidente de la República. La reforma de 2007-2008 realizó cambios estructurales que trajo consigo, entre otros los relacionados a la reducción de tiempos de campañas, al financiamiento de las APN, a la responsabilidad compartida de partidos y candidatos, y a la utilización y contratación de espacios en medios de comunicación. Además, se creó dentro del IFE la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos.
(18)De acuerdo con Benítez y Rodríguez (2009: 54), “por vez primera en México, tras más de 70 años de vigencia de gobiernos revolucionarios (1929-2000) y casi una década de un gobierno de transición democrática, se reconoce la incapacidad del Estado mexicano para hacer frente a una amenaza. La doctrina fundamental para vincular a México con el exterior, la soberanía absoluta del Estado y la no intervención en los asuntos internos del Estado por otro país, es relativizada por la presencia de una amenaza que ha debilitado al propio Estado, ya que lo ha infiltrado y corrompido”.
(19)Andrés Manuel López Obrador (2010: 43-44) afirma: “aunque el grupo de potentados surgidos de las privatizaciones siempre mantuvo y fue acrecentando su influencia política, es al calor de las elecciones presidenciales de 2006, cuando termina de consolidarse y se convierte de facto en un supremo poder oligárquico”. López Obrador sostiene que son alrededor de treinta potentados, entre los que figuran grandes empresarios y banqueros –cuyos nombres cita en su libro- y un grupo de políticos. Estos potentados son “los que conforman el comité central de la oligarquía de México” a los que califica como “mafia”.
(20)Tan sólo en el sector de empresas públicas el promedio anual de ocupaciones remuneradas pasó de 865,564 en 1982 a 436,542 en 1993, mientras que el adelgazamiento del sector central del gobierno, emprendido desde 1983 con las reformas a la ley orgánica de la administración pública, el indicador bajó de 2,076,758 puestos en 1983 a 473,462 en 1993 (Vázquez 2007: 150, con datos del INEGI).
(21) Otra medición de la pérdida de poder adquisitivo del Salario Mínimo Real en México, efectuada por el Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la UNAM, Reporte de Investigación No.90 (2011), tomando como base 1978 = 100%, en 2011 el SMR había bajado a un nivel de 30.44%, o sea que perdió un 69.56% en el periodo 1978-2011.
(22) Bienes manufacturados para exportación que se fabrican mayormente con insumos materiales importados y mano de obra nacional barata. También México se convirtió en exportador de mano de obra ilegal a Estados Unidos.
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