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Las Instituciones Políticas del Régimen Autoritario y Populista Mexicano y su Debilitamiento en la Etapa Neoliberal.
Víctor M. Soria Septiembre de 2014
Esta es la segunda nota de la temática sobre el Estado y las instituciones políticas y económicas en México. Este trabajo consta de dos secciones: en la primera se efectúa la descripción de las características más importantes de las instituciones del antiguo régimen político mexicano (1934-1981), y en la segunda se examinan los factores más importantes que contribuyeron al debilitamiento de las instituciones políticas básicas; finalmente se realiza un breve resumen del trabajo. Las notas de pie se encuentran al final del texto.

La figura del Ogro Filantrópico de Octavio Paz (1978) captó de manera certera la naturaleza del Estado posrevolucionario mexicano, cuyo régimen político(1) autoritario, corporativo y populista tuvo como misión la modernización y crecimiento económico del país, alcanzando, durante cuatro décadas, logros importantes no exentos de altibajos y contradicciones. El régimen político asentado en un partido político dominante y una densa burocracia estatal , fue acompañado de un régimen económico de carácter patrimonialista y “cortesano” que alimentó la acumulación de capital así como la creación de un Estado de bienestar incompleto. Las instituciones que conformaron dicho régimen adquirieron de origen las características y el sello del Ogro Filantrópico, permitiendo la gobernabilidad de la sociedad mexicana, sin crisis mayores que comprometieran el régimen político o el económico.
El régimen político mexicano de la posrevolución pudo mantener en un nivel manejable la contradicción entre las clases sociales durante un largo periodo, sin embargo la elevada concentración del poder ejercido a través de instituciones políticas autoritarias, sumado al incremento de la corrupción fomentada por el patrimonialismo y la sociedad cortesana alrededor de la presidencia de la república, fueron desgastando el régimen político. Una primera explosión política se dio en 1968 que fue reabsorbida con dificultad por el régimen político, y dos décadas después en 1988 el fraude electoral del PRI dio lugar al inicio de la crisis del antiguo régimen autoritario(2) y a la aparición de un nuevo régimen político, neoliberal, tecnocrático y menos autoritario -en lo económico menos autoritario que en lo político (Rodríguez Araujo 2009: 205). La crisis del antiguo régimen tiene un origen complejo, relacionado internamente con la crisis económica mexicana y con la aparición y encuadramiento de los tecnócratas domésticos convencidos de la mundialización económica; y externamente, con la transformación del modelo económico mundial sobre la base del marco ideológico neoliberal. El dilema de los dos regímenes políticos, que por un tiempo estuvieron superpuestos, se resolvió con trampas y fraudes desde el poder a favor de la opción tecnocrática neoliberal, en 1988 todavía en manos del PRI y a partir del 2000 en manos del PAN (Ibid.)

1. Las instituciones políticas mexicanas básicas 1934-1981
Partimos de la hipótesis de que las formas institucionales (FI) (3) de la esfera política son las que dan cohesión a las FI de la esfera económica y que en el seno mismo de éstas últimas existe una cristalización de las relaciones políticas vinculadas a la producción, la circulación y la distribución económicas (V.M. Soria 2000: 78). Esto no quiere decir, sin embargo, que las FI de naturaleza económica no influyan sobre las de naturaleza política, ya que la concentración económica engendra relaciones de poder. No obstante, en las etapas de grandes crisis económicas y en la salida de éstas, así como en las de cambio del modo de regulación económica o de cambio del régimen de acumulación, priva la creación política como determinante del cambio económico. De acuerdo con la teoría de la regulación, las FI constituyen la base para la regulación de la economía, cuyo conjunto conforma el modo de regulación(4) de una formación social, el cual se da a través de la interacción de dichas formas.
La teoría de la regulación busca no sólo dejar de lado la teoría de las decisiones individuales –muy en boga en la versión dominante de la microeconomía y aun en la teoría de las organizaciones-, sino también rechazar la teoría del equilibrio general para el estudio de los fenómenos económicos de conjunto. Es importante hacer notar que el enfoque regulacionista no niega “ni una cierta autonomía de las estrategias individuales, ni la heterogeneidad de los comportamientos en el seno mismo de un conjunto de FI. Para dar una imagen, se podría decir que las luchas de clasificación dentro de una jerarquía dada no pueden asimilarse a los conflictos de clase (Boyer 1986: 55).
El enfoque de la regulación ha integrado hipótesis de trabajo más cercanas a la realidad, provenientes de las diferentes ciencias sociales, que le han permitido alejarse del economicismo e introducir la dinámica social y política que influencia la esfera económica, así mismo distanciarse de la hipótesis del equilibrio general de la teoría económica convencional. La teoría regulacionista también ha incorporado la historia, lo cual permite adentrarse en estudios de largo plazo en los que se pueden dilucidar con mayor nitidez las transformaciones estructurales y los factores que las determinan. La teoría de la regulación, además, incorpora la hipótesis de que la trayectoria económica, social y política de una formación social es única, tanto en relación a cierto periodo de tiempo histórico, como a otras formaciones sociales, lo cual implica estudiar y caracterizar las especificidades del régimen de acumulación y del modo de regulación de cada país bajo estudio.

1.1 Las formas institucionales políticas básicas en México en el periodo 1934-1981
Las FI políticas que sostuvieron el régimen de acumulación por sustitución de importaciones, sin crisis mayores entre 1934 y principios de los años 1970, dieron lugar a un modo de regulación que hemos calificado como “burocrático corporativo”, el cual estuvo en vigor hasta la crisis de 1982. Esta gran crisis facilitó el arribo del neoliberalismo a través de la preponderancia de los “tecnócratas” sobre los “políticos” en las riendas del Estado, lo cual desembocó, a partir de 1983, en el cambio de régimen de acumulación hacia fuera denominado “secundario exportador” por su énfasis en la exportación de manufacturas como el motor de crecimiento. El modo de regulación económica que se ha perfilado a partir de los años 1990 se puede denominar como “financiero-rentista”(5) influido de manera importante por los grupos fácticos que han conformado un nuevo “bloque histórico en el poder”. Aun cuando este nuevo modo de regulación todavía incluye buena parte del corporativismo sindical y empresarial, las relaciones de poder de los agentes económicos frente al Estado han cambiado como veremos más adelante. Pasemos ahora a un breve análisis del modo de regulación burocrático corporativo y sus principales FI políticas.
La regulación burocrático-corporativa se comienza a gestar al término de la Revolución de 1910, y tiene su base en la transformación de las clases sociales y el surgimiento del Estado posrevolucionario autoritario, sustentado por un bloque de poder en cuyo centro se encuentra el presidente de la república. Este bloque cohesiona a los trabajadores por medio de un partido político (el Partido Revolucionario Institucional, PRI) de corte monopólico, montado sobre sectores corporativizados, así como a la burguesía mexicana representada por cúpulas corporativo-clientelares (V.M. Soria 2000: 79). El Estado aplicó su fuerza política a la consolidación de la burguesía mexicana, a través de una “via burocrática” que favoreció la acumulación de capital(6) (Ibid.).
El Estado, como apunta Basáñez (1981: 14) estableció compromisos (institucionalizados) con las clases trabajadoras y con el capital que con el tiempo se revelaría como contradictorio, ya que el origen popular de las relaciones Estado-trabajadores provenientes de la Revolución, choca cada vez más con la acentuación del desarrollo capitalista. Dentro de este contexto, la orientación burocrático-corporativa del Estado y sus contradicciones no se explican suficientemente si no se toma en cuenta el papel que jugaba la “ideología revolucionaria” en la estabilidad política
Las FI básicas en las que se fincaba el sistema político mexicano durante el modo de regulación burocrático-corporativo, eran dos: una es el presidencialismo, cuyos antecedentes se remontan al siglo XIX y cuyo perfil se hizo explícito en la Constitución de 1917; otra es un bloque de poder constituido como coalición de líderes políticos, empresariales, sindicales y militares denominado la familia revolucionaria la cual está en íntima relación con el partido de Estado” (7), el PRI, éste último nacido en 1929 y que conservó el poder presidencial hasta finales del año 2000, fue desbancado durante dos sexenios (2000-2012, por gobiernos del PAN), ha capturado de nuevo el poder político en diciembre de 2012.
El presidencialismo se ha desarrollado históricamente como una FI de cohesión y dirección de los sistemas político y económico mexicanos al más alto nivel, y que se deriva de las relaciones sociales de producción capitalistas y de la naturaleza y especificidades del Estado mexicano. Su fuerza institucional ha sido generada por la configuración centralizada del poder político y retroalimentada por la concentración económica, lo cual se ha operacionalizado por medio de las amplias facultades legales y extra-legales del poder ejecutivo. Sus funciones son las de liderar y cohesionar el bloque en el poder, darle dirección a la política económica y social, así como la creación simbólico-ideológica que apoya la integración, la legitimidad, la estabilidad política y la gobernabilidad del país (V.M. Soria 2000: 81).
El Partido Nacional Revolucionario (PNR), fue fundado por Plutarco Elías Calles en 1929 para inyectar estabilidad al sistema y para resolver el problema de la sucesión presidencial. De ahí en adelante, las pugnas de la elite revolucionaria se solucionarían al interior del partido, el cual se fue conformando durante los años 1930 como un aparato corporativo, liderado por una coalición, la familia revolucionaria, en cuya cabeza se encontraba el presidente de la república, con la finalidad de integrar y centralizar a los diferentes grupos políticos (V.M.Soria 2000: 81). En 1938, Lázaro Cárdenas efectúa la llamada “primera refundación” del partido oficial, al transformarse el PNR en Partido de la Revolución Mexicana (PRM), el cual alcanza una fase superior de integración corporativa al organizarse en su interior en varios sectores, entre los que sobresalen el obrero y el campesino. Así se abre el periodo institucional, “con el que queda completado el ciclo de formación y consolidación del populismo” (Córdova 1972: 39). En 1946 se efectúa la “segunda refundación” del partido, al transformarse el PRM en Partido Revolucionario Institucional (PRI) a instancias del presidente Miguel Alemán. El PRI redondea su estructura sectorial con la inclusión del reorganizado “sector popular” que incorpora de manera más completa a los empleados públicos y a la población urbana que esta fuera del control de las organizaciones obreras oficialistas.
El partido de Estado constituyó el centro formal del ejercicio del corporativismo sindical, del control ideológico y electoral de los sectores populares, el cual subordinó ampliamente los sindicatos campesinos y obreros al Estado (L. Garrido 1986: 463). Por su parte, la coalición o familia revolucionaria fue una FI múltiple, con una estructura piramidal de redes y subredes que buscaba integrar el control político de los grupos de interés del país. Estaba formada por el presidente de la república en funciones, los expresidentes vivos, los líderes militares, los grandes jerarcas de las centrales obreras y campesinas, los dirigentes del partido oficial, así como los representantes de la oligarquía empresarial(8) (V.M. Soria 2000: 83).
En términos sintéticos, se puede afirmar que las funciones fundamentales de la familia revolucionaria/ partido de Estado fueron las de establecer las condiciones institucionales para ejercer un control centralizado y autoritario del sistema político mexicano, crear y mantener las condiciones para la estabilidad política y el funcionamiento de las FI que regulan la esfera económica, así como fortalecer y conservar la ideología revolucionaria con fines de integración y control social (Ibid.)
Se desarrolla una diferenciación entre la elite política y la económica, propiciada por el clientelismo hacia los grandes empresarios a cambio de su abstención de la actividad política. Este clientelismo se operó a través de los contratos negociados con el sector público, los subsidios a bienes y servicios básicos para las empresas, franquicias fiscales y crediticias y otros privilegios (V.M. Soria 2000: 82). El Estado propició el establecimiento de una representación corporativa de los empresarios privados por medio de las Cámaras de Comercio e Industria y otras asociaciones empresarias; de ésta manera se institucionaliza la corrupción en aras de un mayor control político (Ibid.)
El sistema político mexicano comienza a presentar grietas importantes en la regulación política en 1968, ya que la aplicación del rígido monopolio político por parte del presidencialismo y de la coalición revolucionaria a través del partido oficial y sus ramificaciones corporativas, no fueron capaces de resolver las demandas democráticas de la población. En ese año surgió espontánea y rápidamente un movimiento estudiantil en la capital de la república que fue duramente reprimido por la policía y el ejército al ser calificado como un movimiento antinacional ligado a intereses externos.
2. El debilitamiento de las instituciones políticas básicas durante la etapa neoliberal
Los factores que han contribuido al debilitamiento del presidencialismo son múltiples y algunos de ellos también han afectado a la familia revolucionaria y al partido oficial. Para abordarlos se pueden dividir en externos e internos. Entre los primeros sobresalen: a) la globalización y la aplicación de la política económica del Consenso de Washington, y b) la operación del TLCAN. Los factores internos más importantes son: c) la anulación del pacto del Estado con los trabajadores; d) las recurrentes crisis económico-financieras; e) las crisis políticas derivadas de los fraudes electorales de 1988 y 2006 y las reformas a las leyes electorales; f) la activación política de los empresarios y la formación de un nuevo bloque en el poder; g) el crecimiento de los partidos de oposición y el fin de la mayoría absoluta de los representantes del PRI en el Congreso de la Unión; h) otros factores que han contribuido a debilitar el régimen político son el empoderamiento de los gobernadores, los movimientos sociales y el crecimiento del pluralismo de la sociedad civil, y el crecimiento del narcotráfico y del crimen organizado.

a).La globalización y las políticas del Consenso de Washington (CW).
La globalización económica ha significado la expansión de la economía internacional cuyos principales agentes son las empresas transnacionales y el capital financiero, que apoyados en las políticas del CW han limitado los grados de libertad del gobierno mexicano mediante la política de estabilización monetaria y cambiaria procíclica, la cual inhibe la inversión y limita el gasto público, reprime los salarios y beneficia a los tenedores de la deuda pública. Esto ha llevado a disminuir las bases económicas de la gobernabilidad política al crear desempleo, empobrecimiento creciente y descontento social lo cual ha afectado negativamente la legitimidad de la institución presidencial.
b) Los efectos nocivos de la operación del TLCAN.
El Tratado de libre comercio no sólo ha promovido el anclaje de la política del CW durante veinte años de operación, sino que también ha supeditado la política energética y la política agropecuaria a los dictados de Washington. Aun cuando el saldo comercial con Estados Unidos es positivo (pero el saldo global de la balanza de pagos es negativo), la composición de las exportaciones mexicanas a ese país es preocupante, ya que en 2012 la exportación de maquiladoras y petróleo ascendió a 85% del total de exportaciones, lo cual significa que las principales exportaciones son mano de obra barata y recursos naturales (Alejandro Nadal, La Jornada, 2014/01/08). De acuerdo con Nadal, “no es exagerado decir que con el TLCAN México se convirtió en un protectorado de Estados Unidos”. Todavía más preocupante, de acuerdo con Timothy Wise, investigador de la Universidad de Tufts en Boston (La Jornada del Campo, 16/11/2013), es que con el TLCAN México ha “entregado la soberanía alimentaria”. En un primer periodo (1997-2005) que Wise denomina “La gran inundación”, Estados Unidos exportó a México con precios de dumping, ocho productos (maíz, soya, trigo, algodón, arroz, carne de res, cerdo y pollo), subsidiados con 11,500 millones de dólares anuales, que llevaron a la ruina a los agricultores mexicanos ya que sus precios bajaron entre 44% y 67%, cayendo la producción de algodón, soya trigo y arroz. El segundo periodo, llamado “dependencia costosa”, la política de Estados Unidos llevó a un aumento de 53% en el precio de la canasta básica de alimentos, en vista de que desvió gran parte de la producción de maíz a la fabricación de etanol. Esta política costó a México 1,500 millones de dólares (Ibid.).
c) La anulación por parte del gobierno del pacto con los trabajadores.
Los gobiernos posrevolucionarios establecieron compromisos con los campesinos y con los trabajadores urbanos, los que al institucionalizarse, constituyeron no sólo un apoyo al bienestar social y al crecimiento económico, sino también un impulso a la legitimidad de la institución presidencial y del régimen político(9). El declive del pacto gobierno-trabajadores se inicia con el salvamento financiero proporcionado por el FMI en 1976, ya que uno de sus condicionamientos da lugar a la política de “topes salariales” (que perdura hasta la fecha), lo cual comienza a disminuir el bienestar social de la población. A partir de la crisis de 1982 se instala una política laboral de flexibilización de las relaciones de trabajo, que sumado al bajo crecimiento económico, llevaron al desempleo masivo y a la emigración de trabajadores mexicanos a Estados Unidos. El pacto tripartita de Solidaridad Económica se establece a finales de 1987, continuado con otros nombres durante el sexenio de Ernesto Zedillo, firmado por los representantes de los empresarios, de los sindicatos oficialistas y del gobierno, significó la declinación del nivel salarial, puesto que los empresarios, una vez dominada la hiperinflación, comenzaron a subir precios. La anulación de facto de los compromisos institucionalizados con productores agropecuarios y trabajadores urbanos ha generado constantes marchas y protestas de estos, de ONGs y ciudadanos en general. Al final de su administración, Felipe Calderón promovió una reforma laboral, que legalizó y profundizó la flexibilización de facto de las relaciones capital-trabajo realizada durante la etapa neoliberal, reforma que debilitará todavía más la defensa de los salarios y los derechos laborales de los trabajadores.
d) Las crisis económicas recurrentes.
La crisis política de 1968 marca el comienzo de la declinación del presidencialismo y poco más tarde las crisis económicas de 1976 y 1982 que además reflejan el abierto rechazo de los grandes empresarios a la política gubernamental, contribuyen al debilitamiento de la institución presidencial, como instancia de cohesión económica, política y social. Las grandes crisis económicas redundan en crisis políticas ya que disminuyen las bases económicas de la legitimidad política. Estas crisis se han acompañado de un incremento importante de la deuda pública, sobre todo la externa, cuyo costo financiero merma el gasto público y en consecuencia las partidas de inversión y gasto en bienestar social. El rechazo de los grandes empresarios a la política del presidente Luis Echeverría (LEA) se concretó a través de una huelga de inversión que debilitó la acción presidencial, a pesar del incremento forzado de la inversión pública mediante el endeudamiento. En el sexenio 1977-1982, el presidente José López Portillo (JLP) logró calmar los ánimos empresariales durante los primeros cuatro años apoyándose en el boom de exportación petrolera, altas tasas de crecimiento del PIB y elevados subsidios al sector privado. No obstante, con la caída de los precios internacionales del petróleo en 1981, el costoso servicio de la deuda externa a la vista de tasas internacionales de interés confiscatorias y los recortes presupuestales, vuelve la desconfianza de los empresarios, quienes empiezan a enviar sus capitales al extranjero, acarreando la abrupta devaluación del peso frente al dólar y la crisis en 1982. A esto responde JLP con la nacionalización de la banca comercial en septiembre de 1982, lo cual acarreó la ira empresarial y la presión sobre la presidencia de la república para cambiar el modelo de crecimiento, quitar poder de intervención al Estado y acotar las inmensas facultades legales y extra legales de la presidencia. El enfrentamiento de los empresarios con los gobiernos de LEA y JLP, mina la cohesión interna de la familia revolucionaria, sobre todo porque los primeros rechazaron la jefatura del presidente de la república en esta coalición (Cf. V.M. Soria 2000).
A partir de 1983 el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado (MMH) hace suya la política del CW e inicia la privatización de empresas públicas y la reprivatización de parte de la banca nacionalizada, lo cual abre las `puertas a la reanudación del pacto con el empresariado. La crisis financiera de 1995 aumenta la dependencia de México frente a Estados Unidos, ya que tuvo que pignorar la exportación petrolera para garantizar el salvamento de 50,000 millones de dólares promovido por el gobierno del vecino país y varios bancos internacionales. Además, para salir de la crisis se implementó un drástico programa de ajuste que impactó el nivel de vida de la clase trabajadora con la consiguiente pérdida de legitimidad de la presidencia (Cf. V.M. Soria 2000). La crisis de 2009 también disminuye sensiblemente el nivel de vida de los trabajadores, que unido a los nulos resultados de la política de seguridad pública y la ingobernabilidad, llevan a la baja la legitimidad presidencial.
e) Las crisis políticas de 1988 y 2006 derivadas de los fraudes electorales.
La escisión del grupo democrático al interior del PRI, que desembocó en la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas a la presidencia en 1988 y el fraude en la elección de ese año, deslegitimó significativamente al presidente electo Carlos Salinas de Gortari (CSG), quien trató de rehacerse por medio del reconocimiento del Partido Acción Nacional(10), el cual condicionó su apoyo a ciertos cambios en la legislación electoral y obtuvo la gubernatura de Baja California, mediante las llamadas “concertacesiones”. Según Lorenzo Meyer, CSG logró reconstituir el poder de la presidencia mediante “una serie de acciones espectaculares que le ganaron, a la vez, la imagen del líder indiscutible de la clase política en el poder y la de jefe del poder ejecutivo decidido a llevar a cabo la agenda neoliberal,”(11) pero los crímenes políticos de 1994, la crisis económica y política al final de su mandato y las diferencias con Ernesto Zedillo (el presidente siguiente), volvieron a minar el poder de la institución presidencial. El apoyo del PAN al presidente CSG comienza a socavar el poder del PRI cuyo declive político continuó y en 1997 sus representantes en la Cámara de Diputados pierden la mayoría absoluta y en 2000 el candidato del PAN, Vicente Fox Quezada (VFQ) resulta electo a la presidencia de la república. En 2006, la campaña del candidato del PAN, Felipe Calderón Hinojosa (FCH) estuvo llena de acciones ilegales, como la intervención directa de VFQ y de las organizaciones empresariales, además de los errores y alteraciones de las actas de votación que de acuerdo con la revisión realizada por José Antonio Crespo (2008), de 50% de las actas, no se puede saber quien fue el ganador de la elección presidencial(12). Sin embargo, el presidente del IFE declaró ganador a FCH, a pesar de que no tenía facultades legales para esto. Nuevamente, el fraude dividió a la población y la presidencia de FCH llevó el estigma de la ilegitimidad durante su gestión. Las sucesivas reformas a la ley electoral también han coadyuvado a la disminución del poder presidencial para el nombramiento de candidatos a puestos sujetos a elección ciudadana, lo cual a su vez ha redundado en el aumento de la lucha interna entre las facciones de los partidos políticos para decidir quienes serán sus candidatos.
f) La activación política de los empresarios y la formación de un nuevo bloque en el poder.
El abierto rechazo por parte de los grandes empresarios a la política económica del gobierno de LEA en la primera mitad de los años 1970, y posteriormente el rompimiento con el gobierno de JLP a raíz de la nacionalización de la banca comercial en 1982, decidió a los empresarios a participar políticamente para acceder a puestos de elección ciudadana y participar en las decisiones de política económica. En este contexto, surgió dentro del PAN la corriente del “neopanismo” que se caracterizó por la incorporación de demandas y candidatos surgidos del sector empresarial en campañas para puestos de elección popular en los distintos niveles de gobierno (Luna y Puga 2005: 181).
Además, los empresarios por medio de sus asociaciones fueron promotores importantes del cambio hacia una economía de mercado dentro de una estrategia encaminada a contrarrestar el enorme peso del poder ejecutivo, a impugnar el presidencialismo, demandar un sistema político democrático y a involucrarse de manera muy activa en la política de partidos (Ibid.: 182). Otra preocupación del empresariado fue la creación de centros privados de formación universitaria para preparar una nueva elite empresarial y política; entre estos sobresalen el Tecnológico de Monterrey, el IPADE, las universidades Anahuac e Iberoamericana, así como el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) (Garrido 1994: 158).
El sector público también desarrolló en los años 1980 un intenso esfuerzo en relación a la descifrar la naturaleza de la crisis y las estrategias de solución a través del Banco de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Esto se hizo por medio de reuniones en Estados Unidos, de los funcionarios de dichas instituciones con economistas de varias universidades y organismos internacionales (Ibid.).
La fuerte oposición de los grandes empresarios a los gobierno de LEA y JLP, incidió de manera importante en la fractura interna que sufrió la familia revolucionaria, por lo que surgió la necesidad política de conformar un nuevo bloque en el poder, en el que los empresarios jugarían un papel preponderante. El giro de la política económica de MMH hacia una economía de mercado abierta al exterior y con vocación exportadora, así como la reprivatización de activos de la banca nacionalizada (empresas y otros activos fijos), abrió las puertas hacia un entendimiento con los empresarios. Además, MMH promovió el establecimiento de casas de bolsa que intermediarían la colocación de títulos de la deuda pública interna, lo cual dio origen a la formación de un grupo de financieros, parte de los cuales serían beneficiarios de la reprivatización bancaria efectuada posteriormente por el gobierno de CSG. El acuerdo entre el gobierno y los empresarios se hizo realidad a finales de 1987 mediante el Pacto de Solidaridad Económica (PSE), liderado por CSG, en ese tiempo Secretario de Programación y Presupuesto, y refrendado durante su mandato por el mismo Carlos Salinas, y posteriormente por el gobierno de EZPL.
La privatización de empresas públicas fue iniciada por MMH, pero las más importantes fueron privatizadas durante el sexenio de CSG, dando lugar a una profunda recomposición de la élite económica, que dejó fuera a algunos viejos magnates del sector bancario, e incorporó a nuevos potentados relacionados con las ramas financieras y de telecomunicaciones (Hernández 2010: 11). Además, se abrió la inversión privada en las áreas antes reservadas sólo al Estado (petroquímica, aeropuertos, caminos, etc.). Las privatizaciones constituyeron, en lo fundamental, un cambio de activos reales por activos financieros entre el gobierno y los nuevos dueños de las empresas, quienes se habían conformado como los principales acreedores financieros del Estado (Garrido 1994: 168).
La reprivatización de la banca nacionalizada se efectuó del 14 de junio de 1991 al 13 de junio de 1992, periodo en el que se subastaron 18 instituciones de crédito. Si bien hubo procesos de licitación y hasta “libros blancos”, siempre se sabía de antemano quienes serían los ganadores de empresas y bancos subastados, los cuales generalmente formaban parte del grupo de allegados al presidente Salinas. Se trató de un proceso totalmente dirigido, simulando licitaciones públicas para forjar la “nueva clase empresarial mexicana” (López Obrador 2010: 20). Cinco de los 18 bancos fueron comprados por grupos comerciales e industriales, mientras que el resto fue adquirido por accionistas de las Casas de Bolsa las cuales eran parte de importantes holdings corporativos (Solis 2000: 39-40). De los nuevos propietarios de los bancos, sólo tres tenían experiencia bancaria, los dueños de casas de bolsa no tenían experiencia en materia de crédito bancario, otros no tenían mérito empresarial, y algunos tenían dudosa reputación pública e incluso antecedentes penales (López Obrador 2010: 21).
Sin embargo, con la desregulación financiera y bancaria y la extraordinaria e irresponsable expansión del crédito, con poca o ninguna supervisión interna, o por parte de las autoridades, la cartera vencida aumentó de 2% en 1988 a 8% en 1993, llevando a los bancos reprivatizados a la quiebra (Solís 1998: 146). La cartera vencida siguió aumentando en 1994 y para 1995 ya había aumentado a 16%. El rescate bancario fue instrumentado por el gobierno de Ernesto Zedillo en 1995 y 1996 mediante el FOBAPROA que comenzó a comprar cartera vencida de los bancos a gran escala.(13) El 12 de diciembre de 1998 se votó (por los representantes del PRI y del PAN en el Congreso) la Ley del Instituto del Ahorro Bancario (IPAB) que aprobó la conversión de la cartera comprada por el Fobaproa en deuda pública. La intervención de los bancos quebrados desembocaron en la extranjerización de la banca reprivatizada, quedando tan sólo el Banco Mercantil del Norte (Banorte) en manos mexicanas en esos años.
Las privatizaciones de empresas públicas y la reprivatización bancaria generaron una selecta lista de hombres de empresa y banqueros que se incorporaron al nuevo bloque en el poder y que presumiblemente son los que más influyen sobre la institución presidencial, sobre todo los dueños de las televisoras. Si en la familia revolucionaria, los expresidentes vivos formaban parte del grupo dominante del bloque, hoy algunos de estos han sido excluidos, cuando menos temporalmente, (Zedillo durante su mandato excluyó a Salinas); los líderes obreros han perdido peso, y los jefes militares han incrementado su poder, lo mismo que los dirigentes de empresas transnacionales y el embajador de Estados Unidos en México. La apertura del Estado a las iglesias (sobre todo con la católica) ha facilitado la comunicación y la consulta a éstas de asuntos públicos importantes. Tal parece que el presidente ha perdido la jefatura del bloque en el poder, el cual ahora está en manos de la oligarquía empresarial.
g) el crecimiento de los partidos de oposición y el debilitamiento del PRI
El progresivo debilitamiento del PRI, sobre todo desde mediados de los años 1990 hasta las elecciones legislativas de 2009 y 2010 en las que se recompone, va acompañado por el fortalecimiento simultáneo de los partidos de oposición, principalmente del PAN y del PRD. El fraude electoral de 1988 ahonda la división interna del PRI a raíz de la expulsión de la “corriente democrática” que dio origen a la fundación del PRD, por lo que ya desde principios de la década de los noventa se nota la crisis interna del partido. Esta se acrecienta con el inicio de la rebelión Zapatista y la aguda crítica de Marcos a su falta de democracia, y luego el asesinato de Luis Donaldo Colosio (candidato del PRI a la presidencia) desemboca en un aumento de la incertidumbre y la división interna del partido oficial (Farrera 2012: 60-62). Las elecciones legislativas de 1997 ponen de manifiesto la debacle priista, ya que perdió la mayoría en la Cámara de Diputados. Los coordinadores del PAN y del PRD tomaron el control del Congreso e instalaron la LVII legislatura, eligiendo como presidente a Porfirio Muñoz Ledo (Ibid.: 63), lo cual llevó al inicio de la oposición a la aprobación de legislación enviada por el presidente de la República. En 1999, el presidente Ernesto Zedillo advirtió que el no influiría en la designación del candidato del PRI a la presidencia, por lo que sugirió la apertura de un proceso interno de selección (Ibid.: 64). La “sana distancia” entre el partido oficial y la presidencia, expresada por Zedillo, influye en el aumento de la incertidumbre partidaria. La crisis interna del PRI se manifiesta claramente con el arribo del candidato del PAN, Vicente Fox, a la presidencia de la república en el año 2000. Durante 2003 el PRI trató de recomponer sus logros electorales a través de su crítica a la pobre gestión de la economía por parte del gobierno de Fox, y su erróneo manejo del “Pemex-gate” y de los “amigos de Fox”, pero la división interna resurge en el proceso de selección del candidato del partido a la contienda presidencial de 2006, en la cual quedo relegado a la tercera posición (Ibid.: 69).
La recuperación del PRI comienza en las elecciones de 2009 y 2010 bajo la dirigencia de Beatriz Paredes y el apoyo de los gobernadores afines al PRI. La renovación del Congreso Federal en 2009 significó para éste último y su aliado el PEVM la oportunidad de formar mayoría, que obstruiría y condicionaría las decisiones de las fuerzas políticas en el parlamento. En la elección de gobernadores, renovación de congresos locales y presidencias municipales en 2010, el PRI consolidó su primacía, aunque sufrió algunas derrotas. Las victorias en las entidades federativas posicionaron al PRI para los comicios de 2011 y la carrera presidencial de 2012, en la que su candidato, Enrique Peña Nieto, obtuvo la presidencia (Ibid.: 74-83).
El PAN por treinta años (1958-1988) constituyó el principal opositor del PRI, pero no tuvo la fuerza para acceder a la presidencia de la república, ni a las gubernaturas. El fraude electoral del PRI en 1988, le abrió el camino al legitimar a Carlos Salinas y a obtener varias gubernaturas; los cambios en la legislación electoral fortalecieron el aumento de los afiliados y seguidores del PAN, por lo que en las elecciones del año 2000 su candidato (Vicente Fox Quezada-VFQ) logró una mayoría inobjetable para acceder a la presidencia. Sin embargo, la amplia legitimidad lograda por VFQ y sus promesas de elevado crecimiento económico y bienestar, se vieron frustradas tanto por su ineficacia en la dirección del país, como por su pacto con una facción del PRI encabezada por Elba Esther Gordillo(14) que lo llevó a enredarse con las pugnas del PRI, y a establecer una división dentro del PAN (Paoli 2012: 30). Además, sus gabinetes, el legal (secretarios de Estado) y el ampliado (dependencias descentralizadas) fueron integrados por militantes destacados de otros partidos, especialmente del PRI y el PANAL, a lo que se agrega la falta de coordinación presidencial, por lo que el gobierno foxista careció de un verdadero equipo de trabajo (Ibid.: 39). Otro error de Fox fue el pacto con Televisa y Televisión Azteca, a quienes concedió el refrendo automático de sus concesiones y la modificación del Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión para reducir los tiempos oficiales de que gozaba el Estado.
El PAN conservó la presidencia en las elecciones de 2006 mediante la intervención extra legal del presidente VFQ, de los poderes fácticos y de las mismas instituciones electorales, que maniobraron para evitar el recuento de votos ante la denuncia de fuertes irregularidades por parte del PRD. La falta de certeza de quien ganó realmente la presidencia redundó en la deslegitimación de Felipe Calderón Hinojosa (FCH), quien trató de remontar la falta de credibilidad, mediante la declaración de guerra al crimen organizado al principio de su gobierno a través de las fuerzas militares. La falta de una estrategia integral y la ausencia de un pacto con Estados Unidos para frenar el tráfico de armas a México, llevó al fracaso el combate a la criminalidad, aumentando el número de muertos y desaparecidos a cifras record(15). El debilitamiento del poder presidencial ha sido impulsado indirectamente por los poderes fácticos, entre ellos Televisa, a quien concedió junto con Nextel, la concesión para explotar la telefonía celular. Además, fracasó en su intento de reducir la fuerza de los monopolios, al no ser aprobada por el Congreso la Ley de Competencia (Paoli 2012: 52). Las luchas internas del PAN, agravadas por el faccionalismo de FCH debilitaron y dividieron al partido, por lo que la falta de un apoyo fuerte y unitario a la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota, en las elecciones presidenciales de 2012, llevaron a esta a un incómodo tercer lugar.
En cuanto al Partido de la Revolución Democrática (PRD), este se configuró en 1989 como consecuencia de la candidatura presidencial de Cuauhtemoc Cárdenas Solórzano (CCS) y de varias fuerzas políticas que lo apoyaron en el Frente Democrático Nacional, emanado de la izquierda tradicional junto con la disidencia nacionalista del PRI la cual fue excluida de éste (Sánchez-Gudiño 2012: 92). Posteriormente CCS, como candidato del PRD, accedió a la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal y otros candidatos lograron gubernaturas en varios estados y municipios del país, creciendo la membrecía y el poder de convocatoria del partido. En el año 2000, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue elegido a la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, y en 2006 fue candidato a la presidencia de la República, elección llena de irregularidades en la que los poderes fácticos y las autoridades electorales declararon ganador a FCH, a pesar de que el número de actas de votación alteradas no permite saber quien fue el ganador de la contienda presidencial. La resistencia de AMLO y sus seguidores al presidente electo (FCH) y la proclamación de la Convención Nacional Democrática como “presidente legítimo”, incidió en la división interna del PRD, tanto que CCS demandó reconocer a FCH como presidente de México y criticó a López Obrador y sus partidarios. Finalmente AMLO logra obtener la candidatura del PRD y del PT a la elección presidencial de 2012, pero sus detractores dentro del partido no lo apoyaron, lo que unido a la campaña negra en su contra por los poderes fácticos, lo llevó a perder la contienda. Finalmente, AMLO comenzó la creación de un nuevo partido político denominado Movimiento de Reconstrucción Nacional (Morena), cuyo registro ha sido aprobado por el nuevo Instituto Nacional Electoral (INE), que sustituyó a mediados de 2014 al Instituto Federal Electoral. Las divisiones entre las llamadas “tribus” de izquierda dentro del PRD han acentuado la debilidad electoral del PRD, la cual puede aumentar con la entrada de Morena a la arena política.
h) Otros factores que han debilitado o acotado a la institución presidencial
Entre otros de los factores políticos que han disminuido el inmenso poder de la institución presidencial y del gobierno federal se encuentran el empoderamiento de los gobernadores, el crecimiento del pluralismo de la sociedad civil, los movimientos sociales, los nuevos organismos públicos autónomos, y el crecimiento del narcotráfico y del crimen organizado.
El empoderamiento de los gobernadores
A raíz de la aparición de gobiernos divididos en 1997, con la pérdida de la mayoría por parte del PRI en la Cámara de Diputados, y los problemas presupuestales de las entidades federativas (EF), en octubre de 1999 los gobernadores de Zacatecas, Distrito Federal, Baja California Sur, Tlaxcala y Nayarit, formaron la Asociación Nacional de Gobernadores (Anago), que trabajaron con los gobernadores estatales del PAN para solicitar al Ejecutivo y al Legislativo federales la asignación de mayores recursos para las EF, gestiones que dieron por resultado la creación del Programa de Apoyo y fortalecimiento a Entidades Federativas, el cual destinó recursos extraordinarios a las 32 EF, aplicables a educación, salud, infraestructura y deuda pública (Conago 2005). Posteriormente, en julio de 2002, se estableció la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), con la participación de veinte gobernadores, y el propósito de discutir el fortalecimiento del federalismo, la democracia y el Estado de derecho. En el siguiente año la Conago, sin dejar de presionar por un mayor presupuesto federal a las EF, ya había ampliado su agenda de discusión y acuerdos, abordando cuatro grandes rubros: política exterior, política interior, política económica y política social. El rubro de política interior tenía como principal tema la Reforma del Estado, dentro de la cual el interés de la Conago era influir en la normatividad de las relaciones entre las EF y el gobierno federal. También se incluía el problema de la seguridad pública y el combate al crimen organizado, el cual adquirió cada vez mayor peso en los años siguientes. Dentro de la política económica la Conago se interesaba por las reformas estructurales, los problemas del campo y el bajo nivel de empleo. Dentro de la política social su preocupación estaba centrada en el elevado nivel de pobreza y en el fortalecimiento del Seguro Popular. Más allá de su participación en la Conago, los gobernadores han establecido feudos políticos donde ha primado su autoritarismo, su dominio del Congreso estatal, su intervención en las campañas electorales, y a menudo la falta de rendición de cuentas claras en relación con las participaciones y aportaciones federales que constituyen la mayor proporción del gasto público de las EF. La existencia de la Conago y la tendencia a una mayor autonomía política de los gobernadores, ciertamente ha disminuido y acotado el poder de la institución presidencial e inclusive ha influido sobre el ejercicio del poder legislativo, ya que tanto la Conago como los gobernadores en particular han establecido un abierto cabildeo con la Cámara de Diputados para conseguir mayores recursos.
El aumento del pluralismo en la sociedad civil
A la diversidad étnica de la sociedad mexicana se suman la diversidad cultural, económica y política, por lo que el camino para la consolidación de un sistema político capaz de representarla y gobernarla radica en reconocer la pluralidad. La aceptación de la pluralidad de que goza México en los lustros recientes es un ingrediente importante en el tránsito a la democracia, por lo que es tiempo de asumirla como parte de nuestra naturaleza política y social, y es necesario darle plena presencia en las instituciones que nos gobiernan (Trejo 2010: 2). No obstante, la población mexicana experimenta un sentimiento de fracaso generalizado en casi todas las áreas de la vida nacional (económicas, políticas y aun culturales), a pesar de las reformas estructurales que ha emprendido el Estado y las instituciones democratizadoras que se han creado. El problema radica en la indiferencia para enfrentar la desigualdad social, que constituye la dificultad mexicana más apremiante (Ibid.: 4). El pluralismo que se ha instalado en México, si bien ha contribuido a acotar el autoritarismo y la arbitrariedad presidencial, carece de aliento e ideas relevantes, y manifiesta una incapacidad para deliberar de manera franca e ilustrada. Tanto los órganos del poder ejecutivo como del legislativo han sido incapaces de compartir del poder y de llegar a acuerdos que erradiquen la desigualdad y beneficien realmente a la sociedad. El futuro de la democracia mexicana dependerá de aprender a gobernar en coalición, de compartir el poder con un aliado a menudo incómodo (Ibid.: 6). Recientemente, el “Pacto por México” propuesto por el gobierno de Enrique Peña Nieto y en el que convergían los tres principales partidos políticos del país, se comenzó a presentar como la plataforma de reformas políticas, económicas y sociales que sacarán a México de su estancamiento. Sin embargo las reformas aprobadas están sesgadas, ya sea para continuar con la partidocracia y una tendencia a la centralización de la toma de decisiones, como a favorecer a los monopolios privados, por lo que en buena medida se han olvidado de la necesidad de disminuir la desigualdad social y frenar las arbitrariedades de los poderes fácticos.
Los movimientos sociales
Los fraudes en las elecciones de 1988 y 2006 así como el autoritarismo gubernamental, han llevado a muchos ciudadanos críticos del sistema electoral y de los partidos políticos, a desarrollar movimientos sociales algunos de los cuales han logrado modificar la política pública(16), pero en la mayoría de los casos el gobierno ha recurrido a la intimidación, la criminalización, la represión abierta de los líderes sociales, o no ha atendido las demandas dejando que con el tiempo se pudran dichos movimientos. La política anti-laboral de los gobiernos neoliberales ha tratado de domesticar al movimiento de los trabajadores mediante la represión y el descarado arbitraje a favor de los empresarios. No obstante, el gobierno federal presume que el número de huelgas y huelguistas ha disminuido en los últimos años, pero esto no es así, de acuerdo con Jiménez (2007: 266), ya que la comparación se hace con la etapa de gran crisis de los años 1980(17). Además, en las estadísticas laborales no aparecen registradas las protestas de los trabajadores del IMSS y del ISSSTE por la reforma de la seguridad social, ni las manifestaciones y plantones promovidas por los sindicatos en septiembre de 2006, ni los paros de los trabajadores de la educación, de los mineros metalúrgicos, de los médicos, de los empleados públicos; por ejemplo, recientemente los paros de los empleados del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y de otros grupos de empleados federales y estatales no han sido registrados en las estadísticas laborales.
Más allá de la lucha por el derecho al trabajo, a la justa remuneración y a la justicia laboral, los movimientos sociales se han multiplicado durante la etapa neoliberal en áreas muy diversas que van desde los derechos humanos, la ecología vulnerada por las empresas químicas y mineras, el despojo de tierras, la igualdad de género, contra los feminicidios, la desaparición y trata de personas, el acceso a las nuevas tecnologías de telecomunicación, etc.(18) En el México actual en el que los partidos políticos no brindan una verdadera representación de los ciudadanos y de sus demandas sociales, hay un campo enorme para que se creen nuevos movimientos como una forma más directa de representación. Si a esto se suma una economía incapaz de proveer empleo y movilidad social así como una burocracia política incapaz de atender las demandas ciudadanas, se crea un campo fértil para la creciente movilización social (Meyer 2013: 210).
Los Órganos Constitucionales Autónomos
Los organismos constitucionales autónomos (OCA) que han surgido recientemente en el mundo, y particularmente en América Latina y en México, forman parte de una revolución silenciosa en la división de poderes que se encuentra en proceso a nivel internacional (Ackerman 2014: 5-7). Los OCA son órganos del Estado y dependen presupuestalmente de él y se diferencian de otros órganos públicos porque poseen personalidad jurídica propia, son autónomos tanto en su manejo interno como en la toma de decisiones (González 2014: 8). Estos organismos autónomos constituyen un avance en la transición a la democracia ya que han abierto paso al pluralismo político y han limitado el poder casi absoluto de que gozaba la institución presidencial. Como afirma Marvan: ( 2014: 2), “a golpe de una serie casi interminable de reformas políticas y electorales fueron desmontándose las facultades meta-constitucionales del presidente”.
La primera institución que obtuvo su autonomía en 1929 fue la Universidad Nacional Autónoma de México; en 1993 ya en plena etapa neoliberal, el Banco de México se convirtió en autónomo, mediante reforma del artículo 28 constitucional, para estar en consonancia con el Consenso de Washington; tres años más tarde el Instituto Federal Electoral (IFE) logra autonomizarse de la Secretaría de Gobernación que lo había establecido en 1990. Con la reforma política reciente, el IFE fu sustituido por Instituto Nacional Electoral (INE). Posteriormente se crearon otros ocho OCA para contribuir a la regulación de la actuación de varias entidades y actividades públicas de manera autónoma sobre todo del poder ejecutivo(19).
En general, como apunta Ackerman (op. cit. :6): “los organismos autónomos tienen un gran potencial para rearticular el sistema de rendición de cuentas del Estado mexicano, pero no son una panacea y siempre se corre el riesgo de generar una fragmentación del Estado o de caer en peligrosas simulaciones a la hora de diseñar estos organismos”. Para evitar tal fragmentación es necesario articular la pluralidad mediante la inclusión de los órganos autónomos a nivel de la Carta Magna en términos de normar su constitución, sus finalidades, facultades, y reglas de operación (Ibid.).
Los OCA no pueden considerarse como un “cuarto poder” en adición a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, sino que deberían ser un apoyo y defensa de los ciudadanos para evitar el abuso e ineficiencia de dichos poderes. Desafortunadamente, en los últimos años el nombramiento de Consejeros en varios de estos órganos se ha partidizado a través de cuotas de los tres principales partidos políticos, lo que combinado con la tendencia observable de centralización de los ámbitos clave de decisión política, menoscaba la autonomía y credibilidad de los OCA. Por ejemplo, la creación del INE o las nuevas funciones del IFAI, amén de una gran variedad casos, ilustran con claridad esta tendencia centralizadora del poder ejecutivo en México (González 2014: 11).
El aumento del narcotráfico y del crimen organizado
El origen del narcotráfico en México se encuentra en la consolidación de un mercado de consumo de marihuana y heroína en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. El principal abastecedor de esas dos drogas en los años cincuenta y sesenta fue el estado de Sinaloa, lo cual dio lugar a una simbiosis entre narcotráfico, política y actividad comercial y empresarial. (Benítez 2013: 8). Los aparatos de seguridad mexicanos llevan cerca de medio siglo en guerra contra los narcotraficantes, desde que en 1960 Richard Nixon lanzó la operación intercepción” para presionar al presidente Díaz Ordaz a intensificar la lucha contra las drogas (Meyer 2013: 106). La liberación comercial desde mediados de los años 1980 y posteriormente la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) a principios de 1994, ampliaron el radio de acción de los narcotraficantes mexicanos, globalizándose su actividad por la relación transnacional entre producción, comercio y consumo. En la primera década de los años 2000 se consolidan las relaciones entre los carteles colombianos y los mexicanos y estos últimos aprovechan la cercanía del territorio nacional a Estados Unidos para la introducción de drogas, terminando por dominar el abastecimiento al mercado estadounidense (Benítez 2013: 10).
La guerra contra los narcotraficantes se intensificó durante el gobierno de Felipe Calderón a partir de diciembre de 2006, incorporando al ejército dada la incapacidad y corrupción de las policías para controlar las acciones de los delincuentes. La falta de una estrategia de combate al tráfico de drogas, la infiltración por los traficantes de los aparatos policiacos, del ejército y de funcionarios públicos en los tres ordenes de gobierno, llevó a un fracaso en la contención del tráfico y a una ola de violencia nunca vista. Durante el gobierno de Fox (2001-2006) el total de homicidios ascendió a 60,162, mientras que en el Calderón (2006-2012) se dobló a 120,000 (Benitez 2013: 11). En diciembre de 2012 Enrique Peña Nieto accedió a la presidencia de la república, continuando con el combate al narcotráfico y al crimen organizado por medio del ejército y la policía federal, con la diferencia de que la dirección pasó a la Secretaría de Gobernación, dando de baja a la Secretaría de Seguridad Pública la cual tenía anteriormente la responsabilidad. El Secretario de Gobernación ha expresado que la nueva estrategia está haciendo hincapié en el aparato de inteligencia y en la coordinación entre las dependencias gubernamentales, el ejército y la policía. No obstante, el tráfico de drogas a Estados Unidos continúa sin menoscabo y si bien los datos oficiales registran una disminución en los asesinatos, se ha dado un incremento importante en los secuestros de acuerdo con R. Sales encargado de la lucha contra esta actividad criminal.
El combate al tráfico de drogas por parte del gobierno mexicano y el apoyo financiero y logístico de Estados Unidos mediante el Plan Mérida, unido a los grandes decomisos de drogas y la captura de varios capos de la droga, en parte ha empujado a los carteles a diversificar sus actividades criminales, entre las que figuran el secuestro y la trata de personas, los juegos de azar, la financiación de campañas políticas (narcopolítica), el o cobro de piso (impuesto a la producción y venta de bienes) y la extorsión a empresas y personas. La industria petrolera no ha podido liberarse de la penetración de los carteles a través de la “ordeña de ductos que se ha convertido en una importante fuente de ingresos del cartel del Golfo, de los sanguinarios Zetas, y más recientemente del cartel de Sinaloa (Aristegui 2011: 14)(20).
El dominio territorial por parte de las organizaciones criminales en estados como Michoacán, Guerrero y Tamaulipas, y el incremento de la delincuencia en todo el país, sumado a su pobre desempeño económico, han llevado a algunos autores a considerar que México es un “Estado fallido”. A este respecto, Meyer (2013: 121) se pregunta: “¿en qué plano se encuentra la acumulación de elementos que componen lo fallido del México actual? ¿En el de la clase política, del gobierno, del régimen, del Estado o, de plano del proyecto nacional mismo? En realidad todo apunta a una bancarrota sistémica que, por tanto, abarca todos los niveles mencionados”. Por su parte, José Luis Solís (2012), califica a México como un “Estado narco”, “cuya manifestación externa es la de un régimen político neoliberal tecnocrático con una fuerte presencia de representantes del crimen organizado en sus distintos gobiernos, la economía y las finanzas… Esto ha llevado al país a altos niveles de violencia e inseguridad pública sin precedentes en la historia reciente de México, así como a la militarización del aparato de Estado, comprometido en una guerra fallida contra el narcotráfico”.

Resumen
El régimen político mexicano de la etapa posrevolucionaria desarrolló el autoritarismo y la centralización política, como una respuesta al caos que se originó con la Revolución de 1910 y la necesidad de pacificar y controlar a múltiples caciques y líderes militares. La institución presidencial, que ya poseía desde finales del siglo XIX amplios poderes, se vio fortalecida con las facultades que le otorgó la Constitución de 1917, y posteriormente, fue adquiriendo poderes metaconstitucionales que le dieron una inmensa fuerza. La hegemonía establecida por el régimen político se ejerció a través del bloque histórico en el poder (la familia revolucionaria), cuya cabeza era el presidente de la república, así como por un partido de Estado de carácter corporativo. El régimen autoritario pudo establecer por un largo periodo la gobernabilidad en la sociedad mexicana, apoyado en un pacto social con la clase trabajadora, y en una economía en crecimiento sostenido, factores que le dieron una base económica al ejercicio de la política. Con la clase capitalista se realizó un pacto para favorecer la acumulación de capital, el cual se ejerció mediante subsidios, bajos impuestos, protección de la competencia externa, y favores a la sociedad cortesana del gran capital por parte de la presidencia.
El debilitamiento de las instituciones políticas básicas se gestó lentamente, primero en el flanco interno y posteriormente en el flanco externo. El régimen presidencialista autoritario cooptó a la disidencia política y cuando no lo consiguió la reprimió violentamente (en casos extremos), surgiendo fuertes exigencias de democratización, como en 1968 por parte del movimiento estudiantil y en los años 1970 con la aparición de movimientos guerrilleros. La corrupción en todos los niveles de gobierno en conexión con el sector privado fue en aumento, minando la credibilidad y la legitimidad de las instituciones. La corrupción gubernamental permitió desde la década de 1960, el fortalecimiento del narcotráfico y la exportación de drogas a los Estados Unidos. Al flanco político interno se sumó la crisis económica estructural del modelo de crecimiento por sustitución de importaciones y alta protección a la competencia externa, cuyas explosiones en 1976 y 1982 avivaron el conflicto entre el sector privado y el público, y dieron pie a la desintegración del bloque en el poder. En este contexto, de relaciones sociales tensas, el fraude del PRI en las elecciones presidenciales de 1988, llevó a la crisis política y posteriormente a una serie de reformas electorales que acotaron las atribuciones de la institución presidencial y del partido de Estado.
El flanco externo irrumpe con fuerza en la década de 1980, con la globalización y las políticas del Consenso de Washington, que empujaron la apertura comercial y financiera y la desregulación económica, las cuales fueron aceptadas y promovidas con entusiasmo por los tecnócratas neoliberales mexicanos, sumiendo la economía en el estancamiento y el aumento de la pobreza, minando las bases económicas del ejercicio de la política (bajo nivel de salarios y de protección social, entre otras) y contribuyendo a la deslegitimación de las instituciones políticas básicas. El TLCAN vino a institucionalizar la dependencia de la política de estabilización y austeridad neoliberales del CW y a promover un modo de regulación económica de carácter financiero privatizador en cuya operación el Banco de México ha sido un actor importante.
La profundización del modelo neoliberal a partir la primera mitad de la década de los noventa y el inicio del TLCAN, marcaron el adelgazamiento del Estado, el acotamiento del poder presidencial y la atenuación del conflicto del sector privado con el sector público. La ola de privatizaciones en un marco de favoritismo cortesano de la presidencia de la república, desembocó en un nuevo bloque histórico en el poder liderado por los dueños de las televisoras y los nuevos dueños de los bancos, los cuales están aliados con los intereses financieros internacionales y las empresas transnacionales, imponiendo la continuidad del modelo neoliberal.
La deuda pública ha jugado un papel importante en la constitución del nuevo bloque en el poder, ya que dio impulso al grupo de dueños de Casas de Bolsa que después se convirtieron en propietarios de parte de los bancos reprivatizados. La deuda pública sigue constituyendo lo que Arturo Guillén et. al. (1989) califican de “grillete para la nación”, la cual fomenta el rentismo y ha alimentado la dependencia externa y limitado la autonomía nacional de la política económica. El endeudamiento externo se ha disparado durante las grandes crisis económicas(21), aumentando por consiguiente, el costo financiero(22), lo cual ha empobrecido el gasto público durante el periodo neoliberal, sobre todo disminuyendo drásticamente la inversión pública y limitando el gasto en desarrollo social.
La reforma política que se inició a mediados de los noventa y las sucesivas reformas electorales que le siguieron, así como la alternancia política en el año 2000, con el arribo del PAN al poder presidencial, dieron lugar a expectativas de una transición a la democracia. Sin embargo, los partidos políticos se adueñaron de los órganos constitucionales autónomos (OCA) conectados a la arena electoral y los derechos ciudadanos, frustrando la incipiente primavera democrática. Si bien hoy en día se puede criticar abiertamente al presidente o a miembros de su gabinete sin temor de ser puesto en la cárcel, o también se puede decir que hay más pluralidad política, las políticas económicas neoliberales han estancado al país, llevando a la sociedad civil a protestas cotidianas y multitud de movimientos sociales, mientras que la respuesta del régimen político ha sido la represión y los oídos sordos. El narcotráfico y el crimen organizado han crecido significativamente durante el periodo neoliberal promovidos por la gran corrupción público-privada, por lo que constituyen un reto a la soberanía del Estado y a la gobernabilidad del país, problema que se estima muy difícil de atenuar, a pesar de militarización de varias regiones del país y de la frontera con Estados Unidos. Con el arribo de Enrique Peña Nieto a la presidencia de la república, se nota una tendencia hacia el autoritarismo y la centralización del poder, como afirma Ackerman en “Dos años de ignominia” (2014: 20):
“México se encuentra frente a un doble fracaso histórico. La “liberalización económica” ha fortalecido las cadenas de la desigualdad, la impunidad y la pérdida de soberanía. Y la “democratización” ha centralizado el poder en manos de un círculo cada vez más reducido de los políticos corruptos de siempre”.

Notas de Pie
1) Por régimen político ( que no de gobierno) se entiende, de acuerdo con Octavio Rodríguez (2009: 207) una forma de existencia del Estado que depende de la correlación de fuerzas sociales y políticas en un país y en un periodo dados, además de ciertas tradiciones vinculadas a la cultura política generalizada, aunque no siempre es asumida como tal.
2) De acuerdo con Rodríguez Araujo (2009: 210), el régimen político autoritario y populista mexicano tuvo dos modalidades: 1) una bonapartista durante el periodo 1920-1940, y 2) posteriormente, una democracia autoritaria, la cual se dio a partir de una de las clases sociales, en concreto la burguesía, la que comenzó a tener suficiente fuerza como para determinar en su favor las políticas públicas, y no como ocurría todavía en el Cardenismo, cuyo proyecto que se llevó a cabo “a pesar” de la burguesía, que como clase estaba en proceso de conformación en la realidad posrevolucionaria.
3) Las FI constituyen la codificación social de una o varias relaciones sociales de producción fundamentales que caracterizan el modo de producción dominante (Boyer 1986: 487). Las FI al irse conformando por la lucha de clases, emiten un principio de socialización que apoya la regulación del comportamiento contradictorio de los individuos y los grupos hacia un patrón de comportamiento colectivo. Además, las FI siguen una lógica que emana de las propias relaciones sociales, por lo que no son sólo específicas al Estado, aunque este sea el que da cohesión al conjunto de ellas (Théret 1988: 30). Como fenómeno de primer orden, las FI tienen la función simbólica de contribuir a la regulación del sistema político y del sistema económico, a través de un complejo de normas, reglas de conducta y hábitos generalmente aceptados; como fenómeno de segundo orden constituyen la institución material, la cual coadyuva a moldear el comportamiento de los sujetos dentro y fuera de ella (Montaño 1989). Foucault ve a la institución en términos más complejos, como subraya Montaño (1994): “cuando nombra a la institución lo hace tanto en cuanto a su función, como a los dispositivos disciplinarios que desarrolla y a los sujetos que moldea”.

4) La teoría de la regulación desarrollada por la escuela de Paris, postula que un modo de regulación es todo conjunto de procedimientos y comportamientos individuales y colectivos, que tenga la triple propiedad de: a) reproducir las relaciones sociales de producción fundamentales a través de la conjunción de formas institucionales históricamente determinadas; b) sostener y dirigir el régimen de acumulación en vigor; y c) asegurar la compatibilidad dinámica de un conjunto de decisiones descentralizadas, sin que sea necesaria la interiorización por los actores económicos de los principios de ajuste del conjunto del sistema (Boyer 1986: 54-55). Para un análisis más amplio de la teoría de la regulación Cf. Víctor M. Soria (2000).
5) Se le denomina financiero-rentista en vista de que la pauta de la regulación económica la establece el Banco de México por medio de la política monetaria y cambiaria, así como la política de la deuda pública fijada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que favorece el rentismo de los acreedores nacionales y extranjeros.
6) Esta vía se designa como burocrática en vista de que la intervención estatal es autoritaria y ejercida “desde arriba”, por lo que no da margen al juego de fuerzas políticas a través de instituciones democráticas. Además, muestra una incapacidad para reconocer la acción de fuerzas competitivas, provenientes esencialmente del mercado mundial. Sin embargo, estas características de la gestión burocrático-autoritaria no le impidieron abrazar una práctica y una ideología desarrollista en lo económico (Rivera 1992: 24-25).
7) Además de las dos instituciones que hemos llamado básicas, hay otras dos instituciones que no se examinan, la legislativa y la jurídica, ya que estuvieron bajo el control de la institución presidencial. En la primera, el control presidencial estuvo facilitado por la representación mayoritaria de que gozó el partido oficial en las cámaras de diputados y senadores hasta 1997, año en el que los partidos de oposición lograron en conjunto obtener la mayoría. La segunda también ha estado influida por el poder presidencial ya que este tiene la facultad de nombrar a los ministros de la Suprema Corte de la Nación.

8) En la estructura operativa de la familia revolucionaria se encontraba, en un primer nivel, a una especie de consejo interno que incluye al jefe de la coalición (el presidente de la república) y como a veinte miembros favoritos. El segundo nivel lo ocupan unos doscientos voceros de las finanzas, el comercio, la industria y la agricultura; de las secretarías y dependencias del gobierno y las industrias estatales, de las fuerzas armadas y grupos de veteranos, así como de los sindicatos obreros, las ligas agrarias y otros grupos políticamente activos. En el último nivel aparecen los representantes del partido oficial, el PRI (Hansen, 1971: 142)

9) El despegue de la economía mexicana a partir de 1934 fue impulsado con los pactos del gobierno con los campesinos y los trabajadores urbanos. La Reforma Agraria ya prevista en la Constitución de 1917 se empieza a instrumentar en 1929 por el presidente Emilio Portes Gil y es reforzada a partir de 1934 por el presidente Lázaro Cárdenas, no sólo distribuyó tierras a los campesinos, sino que también aportó crédito, fertilizantes baratos y asistencia técnica, junto con obras de riego públicas que dinamizaron la producción agropecuaria. Los precios de garantía de los cereales nivelaron los ingresos de los agricultores y proporcionaron precios bajos y estables de los alimentos a la población urbana. El gobierno de Lázaro Cárdenas también estableció un pacto con los obreros y trabajadores urbanos. Aun cuando en la década de los años 1940 el salario mínimo real perdió un 55%, se fundaron el IMSS y las instituciones que proporcionaron alimentos subsidiados (la CEIMSA y después la CONASUPO), se incrementaron las instituciones educativas y se establecieron programas de vivienda. En la década de los años 1950 comienza a recuperarse el salario mínimo real creciendo sin interrupción hasta 1976, y las instituciones de protección social habían ya establecido un salario indirecto o salario social que adicionaba con cerca de 20% el salario real, lo cual constituía un compromiso con una “norma de consumo” de la población urbana (Esthela Gutiérrez 1988: 156). En la década de 1980 comienza el declive del apoyo al sector agropecuario, sobre todo a los campesinos y comunidades indígenas. Con el advenimiento del TLCAN en 1994 el sector agropecuario se hunde debido a la competencia desleal de las exportaciones estadounidenses a precios de dumping. El gobierno mexicano no sólo ha permanecido pasivo para exigir a Estados Unidos el cumplimiento de las normas del Tratado, sino que también retiró buena parte de los subsidios y apoyos a los productores agropecuarios.
10) Los panistas no quisieron aceptar la petición de apoyo de Cuauhtemoc quien afirmaba “yo gané” de acuerdo con los datos recabados por el PMS. Aunque Clouthier (el Maquío) era partidario de que se cotejaran las actas entre el PAN y el PMS, Carlos Castillo Peraza y Luis Felipe Bravo Mena, argumentaron que no había que hacerle “el caldo gordo a la izquierda” (Anaya 2008: 95). Posteriormente, Luis H. Álvarez y su grupo negociaron con Salinas, reuniéndose con este el 27 de agosto de 1988 en la casa del empresario Juan Sánchez Navarro. Ahí se pactó el arribo de Salinas al poder mediante el apoyo del PAN. El 2 de diciembre los panistas llegaron a Palacio Nacional para perfeccionar el pacto. A cambio pidieron que se desarrollara un padrón real e inviolable, que se creara un organismo ciudadano que no dependiera del gobierno y que el procedimiento electoral fuera inviolable. Además solicitaron que se diera viabilidad al país mediante la apertura económica, que el campo se deshiciera del ejido, que la banca regresara a manos privadas, y que se estableciera una relación entre el Estado y las Iglesias (Ibid.: 102). Con el tiempo Salinas cumplió a cabalidad las condiciones del PAN para legitimarlo. Esto significó el inicio del PAN a participar en el poder, tal como sucedió con la obtención de la gubernatura de Baja California, hasta llegar a la conquista de los Pinos en el año 2000(٭Anaya, Martha, 1988: el año que calló el sistema, Debate/Random House Mondadori, México, 2008, primera reimpresión 2009).
11) Salinas puso en la cárcel tanto al líder del sindicato de Pemex, Joaquín Hernández Galicia, como al conocido banquero Eduardo Legorreta, y al líder del sindicato de maestros (SNTE) Carlos Jonguitud. Además, estableció el Programa Nacional de Solidaridad que le valió el reconocimiento de las familias pobres, y en 1992 promovió el reconocimiento de la personalidad jurídica de las iglesias. Con la reprivatización de la banca nacionalizada y la privatización de empresas públicas, consolidó el pacto con los grandes empresarios iniciado por MMH, que le valió un gran apoyo de estos a su política económica.
12) José Antonio Crespo (2008: 170-171), revisó exhaustivamente las actas de escrutinio y cómputo –divulgadas por el IFE en su portal de internet en diciembre de 2006- de 150 de los 300 distritos legislativos, concluyendo que los errores de cómputo y otras irregularidades en las actas “sumaron un total de 316,539, es decir, superaron los sufragios válidos con los que oficialmente aventajó Calderón a López Obrador (233,831). La proyección a los 300 distritos de dicho votos irregulares es de 633,078 (…) Vale la metáfora de que al “preguntar” a las actas electorales –únicas con valor para determinar el resultado final- ¿Quién ganó¿ (…) Lo que afirman es: “lógica y aritméticamente no es posible saber quien gano”.
13) Al final del año 2000, cuando el gobierno de Vicente Fox tomó posesión, heredó de la administración de Ernesto Zedillo una deuda pública cercana a 860 billones de pesos, proveniente del rescate de los bancos comerciales quebrados realizado por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA), que representó un 17% del Producto Interno Bruto (PIB). Además, el Gobierno de Zedillo pagó 168 billones (hasta junio de 1999) como parte del rescate de los bancos y deudores. Un tercer componente del costo fiscal está representado por los impuestos diferidos a favor de los bancos, en vista de las reservas que crearon para cubrir el riesgo crediticio (Solis, 2000: 7, citado por V.M. Soria ). Se entendía que este privilegio terminaría con el fin del programa de rescate bancario, pero actualmente siguen gozando del subsidio, a pesar de las cuantiosas ganancias que están obteniendo. El costo de 1028 billones de pesos es independiente de las pérdidas que han registrado los bancos públicos de desarrollo durante los años de crisis (Ibid.). El interés anual que el gobierno debe pagar por la cartera vencida que les compró a los bancos el FOBAPROA asciende a cerca de 150 billones de pesos, lo que representa una sexta parte del ingreso anual del gobierno (Ibid.).
14) Secretaria General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y coordinadora de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, que fue destituida de este último cargo por la facción que apoyaba a Roberto Madrazo, candidato del partido a la presidencia de la república.
15) Se estima que el número de asesinatos alcanzó una cifra de 38,227 personas en 2012; 35067 personas en 2013 (Segundo Informe de Gobierno de Enrique Peña Nieto 2013-2014, Anexo estadístico, p.45).
16) Por ejemplo, en 2002, los habitantes de San Salvador Atenco se organizaron y movilizaron contra la expropiación de 5,376 hectáreas a 13 ejidos para construir un gran aeropuerto propuesto por el gobierno de Vicente Fox. Aunque el pueblo evitó la expropiación, tres años más tarde vino la venganza del gobernador del Estado de México que se ensañó contra los habitantes de San Salvador Atenco, violando la policía a numerosas mujeres y enviando a prisiones de alta seguridad a los líderes (Meyer 2013: 209).
17) A pesar de que el gobierno federal afirma que “hay paz laboral” en México, entre 1982 y 2006, hubo 13,908 huelgas; 6.2 millones de riesgos de trabajo; y 2,29,322 conflictos laborales (STPS e INEGI). Las estadísticas oficiales expresan con claridad que la política anti-labora crispó las relaciones entre trabajadores y patrones, por lo que los primeros luchan cotidianamente por sus derechos laborales (Jiménez 2007:263).
18) El activismo por la defensa de los derechos sociales, económicos y políticos en México, va desde el movimiento zapatista iniciado en 1994 por los derechos básicos, la democracia y el reconocimiento y respeto de su cultura y costumbres; el Frente de los Pueblos por la Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco (2002); la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) (2006) contra el gobierno autoritario del estado; el Movimiento de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por el cumplimiento de los derechos consagrados en la Constitución y contra el fraude electoral (2006) así como la conformación del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) (2013); el Frente de Defensa de Wirikuta (2008) contra las concesiones a empresas mineras depredadoras; el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad promovido por Javier Sicilia que logró la promulgación de la Ley de Víctimas (2011); el movimiento Yo Soy 132, contra el autoritarismo y la política de Enrique Peña Nieto (2013); el Libre Internet para Todos (2013) por la reforma del artículo 6º Constitucional; los movimientos de Autodefensas de Michoacán, Guerrero, Veracruz y otros estados (2013-2014) contra el crimen organizado y la inseguridad pública, y otra multitud de movimientos sociales.
19) La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); la Comisión Federal de Telecomunicaciones ( COFETEL); La Comisión Nacional de Competencia Económica (COFECE); la Auditoría Superior de la Federación (ASF); el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI); el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI); la Comisión Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL); el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE); y está en proceso la conformación de una Fiscalía nacional autónoma de la PGR.
20) Alrededor de Petróleos Mexicanos (Pemex), se ha formado un “cartel negro”, compuesto por un conglomerado de funcionarios, trabajadores, contratistas, empresarios, inspectores, miembros del sindicato petrolero, políticos, ordeñadores de ductos, tapineros, huachicoleros, defraudadores, contrabandistas y lavadores de dinero, que alineados con los traficantes de droga, se consolidan como una organización empresarial paralela a Pemex, al grado de competirle en el mercado internacional de los combustibles (Pérez 2011).
21) La deuda pública aumentó significativamente durante las grandes crisis de 1976, 1982, 1995 y 2009. La deuda externa aumentó 62,163 millones de dólares (mdls) de diciembre de 1994 a junio de 2014, alcanzando en ésta última fecha un total de 147,599 mdls, o sea un aumento de 72.8%. La deuda interna neta pasó en términos reales (base 1993= 100) de 175,686 millones de pesos (mps) en 1994 a 262,607 mps en 2010, o sea un aumento de 49.5%. Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, la deuda externa aumentó entre diciembre 2012 y junio 2014 un 17.4%, o sea 21,873 mdls, mientras que la interna aumento un 15.1% , es decir 570,701 mps en ese mismo periodo.(Segundo Informe de gobierno de Enrique Peña Nieto 2013-2014, Anexo Estadístico, pp. 427-428).
22) El servicio de la deuda pública, tanto interna como externa entre 1981 y 1990 ascendió a un promedio anual de 12.8% del PIB financiado con el superávit de la balanza comercial, lo cual convirtió a México en exportador de capitales en esa década. Entre 1991 y 2000 el servicio bajó a un promedio anual de 3.23% del PIB y entre 2001 y 2008 descendió a un promedio anual de 2.25% (CEFP 2008, Cuadro 24).
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